eHubo un tiempo en que el Paraguay era conocido como “el país de las naranjas”, por la gran cantidad y calidad de las frutas que aquí se producían e incluso se exportaban a otros países. Actualmente, sin embargo, una gran parte de las naranjas que se comercializan en los mercados provienen de países vecinos, introducidos ilegalmente al país, mientras los productores nacionales son dejados de lado, tanto en apoyo estatal para el cultivo como para la comercialización a un precio justo.
El caso más emblemático es el de los productores de tomate, en varias regiones del país, que año tras año deben realizar manifestaciones de cierres de ruta, llegando incluso a acciones extremas, como las de destruir públicamente parte de sus cosechas, al no poder comercializarlas, ya que grandes cantidades de tomate ingresados de contrabando se venden a precios muy bajos en los mercados y en la vía pública, ante la inacción de las autoridades.
El contrabando es un antiguo flagelo que azota a la economía, a la producción y a la industria nacional, impidiendo el desarrollo local, habiendo incluso llevado a la quiebra a empresas que se dedicaban a varios rubros, como el de la confección textil, calzados, fósforos, entre otros.
A pesar de los periódicos operativos de decomiso que se anuncian desde sectores del Gobierno, principalmente contra pequeños contrabandistas, que parecen más unos montajes de show mediático que acciones con verdaderos resultados, el problema no cesa.
En el contexto de la pandemia del coronavirus, la actividad ilegal se ha incrementado, según el reciente pronunciamiento de más de treinta gremios industriales y empresariales, entre ellos la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Feprinco, en donde expresan su preocupación por cómo se está degradando “de manera vertiginosa y, al mismo tiempo, peligrosa la labor de las instituciones estatales involucradas en el combate al contrabando”.
Tras un análisis de los efectos de la pandemia, alertan que la recuperación económica real será un fracaso en caso de que las acciones no contemplen un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos involucrados. Por ello, piden la destitución de los funcionarios involucrados en actividades de contrabando o defraudación y que todos sean puestos de inmediato a disposición de autoridades fiscal y judicial correspondientes, y reclaman que se persiga decididamente el contrabando y a los contrabandistas desde el Ministerio de Industria y Comercio, de la Dirección Nacional de Aduanas, los municipios, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En realidad, la actividad del contrabando no es clandestina. Se conocen perfectamente los lugares fronterizos por donde ingresan los cargamentos, pero no se interviene porque las redes delictivas cuentan con protección de altas autoridades y sectores de poder, ya que el dinero que se recauda ilegalmente financia la política, además de permitir el enriquecimiento ilícito.
Solo una verdadera voluntad de acabar con los esquemas de crimen organizado y una fuerte presión social en ese sentido permitirán cambiar esta lamentable situación.