Se cumplieron 10 años de la masacre de Curuguaty, una conmemoración que aflige como si hubiese ocurrido ayer la muerte de 17 personas en un intento de desalojo irregular. Aunque las familias campesinas intentan cumplir su sueño de desarrollo productivo y social en sus propias tierras, como era de esperar, el acompañamiento estatal es nulo.
Mario Abdo no cumplió con su promesa y finalmente lanzó una propuesta que no se ajusta a las necesidades de los y las ocupantes. El proyecto forma parte de una operación que la califica en su informe conmemorativo como un greenwashing que intenta ocultar el verdadero objetivo: “Blanquear el origen fraudulento de la apropiación de y contar con una nueva base legal para desalojar a la comunidad campesina del lugar”.
El presidente, un heredero de la , no solo aceptó la “donación de Marina Kue”, sino que además apunta a reducir el tamaño de los terrenos para cada familia, lo que impediría el desarrollo de una producción sostenible de alimentos. Este nuevo escenario no solo generó el rechazo de las familias, también dañó la cohesión de la comunidad, según los relatos que recogió la periodista Daisy Cardozo.
Esta realidad muestra que no se avizora una solución real para mejorar las condiciones de vida de campesinos y campesinas que quedaron relegados de un sistema económico y social que no permite detractores, violando así todas las normativas nacionales e internacionales relacionadas a los derechos humanos.
La reforma agraria nunca fue una prioridad para los gobiernos y las secuelas de la inoperancia para dar solución al problema de acceso a tierras siguen creciendo. Hablar ineficiencia estatal es hasta un halago, pues hay una adrede falta de voluntad para resolver un conflicto histórico en que millonarios herederos deben rendir cuentas por el origen de sus bienes y renunciar a ellos o ser despojados por la vía legal, herramienta que sin embargo se aplica de forma desmesurada contra comunidades campesinas e indígenas empobrecidas.
Antecedentes. Para enfrentar el descalabro económico que dejó la Guerra contra la Triple Alianza se optó por subastar tierras fiscales sin límites de compras, sentando así las bases del latifundio desde 1870.
Hubo intentos por regularizar las ventas y atender la problemática que afectaba a las familias campesinas, pero no se registraron mayores avances, al contrario, los latifundios se fortalecieron. Cuando Stroessner llegó al poder, los campesinos arrastraban los problemas de titulación de las tierras, a lo que se sumó la repartija de propiedades a quienes tenían nexos con el dictador, proceso que se puede observar en los textos del geógrafo Jan Kleinpenning y del sociólogo Ramón Fogel.
El régimen autoritario no solo ignoró la situación de pobreza, falta de titulaciones, de viviendas y de servicios de las familias rurales, sino que además respondió a los movimientos que levantaban sus reivindicaciones con duras represiones, que llegaron a crímenes de lesa humanidad. Pensábamos que cesarían estas prácticas en la era democrática y que se repararían las diversas injusticias, pero siguieron los desalojos forzosos promovidos por la clase empresarial, cuyos “aportes” a las fuerzas de seguridad están comprobados. Asimismo, persistió el encarcelamiento de campesinos y el asesinato de líderes sin un esclarecimiento de parte de la Justicia. El Informe Chokokue documentó 115 ejecuciones y desapariciones de dirigentes campesinos y campesinas entre 1989 y 2013.
El texto incluye datos de las víctimas de Curuguaty, caso que hasta ahora nunca fue investigado seriamente. Al respecto las organizaciones que conforman Codehupy advierten que se debe conformar una comisión independiente de investigación con respaldo internacional y mandato legal para llegar a la verdad.