Las tradicionales tormentas de verano son cada vez más violentas, por el impacto del cambio climático y el calentamiento global. En el Paraguay dejan siempre un tendal de destrozos, pero lo que más afecta a la población es cuando se ven afectados los servicios básicos: energía eléctrica y agua potable.
Porque aunque la ciudadanía está alerta ante cada lluvia copiosa o tormenta eventual, nadie puede acostumbrarse a quedar sin luz durante toda una calurosa madrugada estival, con mosquitos al acecho y en plena epidemia de dengue.
En el Paraguay, y esto es muy vergonzoso de reconocerlo, no hace falta una tormenta huracanada o un ciclón para que automáticamente toda la red que provee energía eléctrica a la población colapse y deje a oscuras a gran parte del país.
La tormenta de hace dos días no hizo más que ratificar que la situación es alarmante. Zonas enteras del país en las que los cortes se extendieron durante horas, y el completo abandono al ciudadano.
Los paraguayos mantenemos un pesado aparato estatal, que cuando debe hacerlo no provee servicios eficientes. Y no se trata solamente de la energía eléctrica y del agua potable.
Además de los servicios públicos básicos, también la salud pública está colapsada, y no se debe solamente a que estamos en medio de una epidemia de dengue, se trata de incompetencia, de imprevisiones e improvisaciones. Los hospitales públicos muestran imágenes preocupantes: cientos de pacientes aguardando ser atendidos, sin disponibilidad de espacios de internación.
En breve se iniciarán las clases en las escuelas y colegios del país, y no se han formulado propuestas para evitar que el dengue se extienda aun más; ni se articulan campañas educativas para evitar los criaderos de mosquitos.
En el Paraguay hay más de 300.000 funcionarios que trabajan para el Estado, lo que implica que trabajan para los ciudadanos que sostienen ese descomunal aparato con sus impuestos.
En estos días precisamente se están debatiendo los privilegios desmedidos y desproporcionados que perciben muchos de ellos. Todos estamos de acuerdo en que los derechos de los trabajadores son incuestionables; aquí lo que se objeta son los privilegios. Por dar algunos ejemplos, en la ANDE, los funcionarios cuentan con doble aguinaldo, ayuda alimentaria, subsidio vacacional y hasta tienen descuentos del 50% en el pago de la luz. En Petropar, el plantel cobra bonificaciones por peligrosidad, grado académico y antigüedad; tienen un fondo para ayuda escolar y vacacional, y ni siquiera se les descuenta el pago al IPS. La INC, por su parte, tiene entre sus beneficios bonificaciones por grado académico y por disponibilidad, gratificación familiar, ayuda vacacional y hasta pagos extras por gestión.
Las autoridades no toman nota de la impotencia y el enojo que se va cociendo de a poco en cada paraguayo que apenas puede dormir debido al calor y los mosquitos, pero que igual debe ir a trabajar porque debe mantener al aparato estatal, corrupto e ineficiente. Y mientras unos hacen fila durante horas en un hospital público para confirmar un diagnóstico de dengue, otros reciben un pago extra solamente por haber ido a trabajar.