El hombre está sospechado de lavado de dinero y asociación criminal como derivación del Operativo A Ultranza, que permitió descubrir el involucramiento de políticos y empresarios en esos hechos punibles. Pesa sobre él una imputación y pedido de detención, previo desafuero que queda a cargo de sus pares en la Cámara Baja.
Ante todo esto, el legislador pretende no ser investigado utilizando alegatos remanidos e inconsistentes como el de la persecución política. Pero no se queda solo con esto, también asume la típica prepotencia y actitud autoritaria para desafiar no solo a la facción del Partido Colorado por el que volverá a ser un “representante del pueblo”, sino que se planta ante el Ministerio Público. Desacata lo que nada menos que el presidente electo, Santiago Peña, recomendó a los parlamentarios cartistas, de los que forma parte Galeano, en el sentido de votar por el desafuero de este.
Ayer anunció que denunciará por prevaricato a los fiscales que pidieron su detención, sabiendo que él goza de inmunidad por su condición de diputado. Aunque sabe que la inmunidad parlamentaria es solo para protegerlo de ser perseguido por las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. No es un fuero que lo habilita a cometer cualquier delito y permanecer impune.
“Soy inimputable”, dijo en una reunión de prensa que convocó para exponer su propensión a la impunidad y anunciar, muy seguro de sí, que él jurará como senador. “Voy a ponerme a consideración de la Justicia en el momento y tiempo que yo considere oportuno”, manifestó quien debería constituir un ciudadano ejemplar, respetuoso del imperio, de la ley y de las instituciones.
¡Vaya senador que han elegido los 28.000 electores que avalaron su rekutu para integrar la Cámara Alta! Votantes a los que, evidentemente, no les produjeron ningún ruido los hechos punibles que se sospecha comprometen a Galeano. Seguramente tienen alguna expectativa hacia su gestión o les da igual que se dedique a actividades ilícitas. Qué intereses puede representar alguien así en el Senado.
Si el hombre rehúye a una imputación que, recordemos, se da cuando el fiscal sospecha que alguien haya cometido un delito, y es para iniciar un proceso investigativo para determinar si dicha persona es realmente culpable, cualquiera pensaría que es porque no tiene forma de desmontar con pruebas que nada tiene que ver con los delitos que se le atribuyen.
El solo hecho de haberse postulado de nuevo para la legislatura, teniendo cuentas pendientes con la Justicia, ya habla del nivel de impunidad en el que ciertos políticos están acostumbrados a desenvolverse. Desarrollaron tal nivel de blindaje a sus fechorías, cooptando instituciones como el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Poder Judicial, que pierden todo límite, hasta desarrollar una suerte de anomia, a tal punto de desconocer los mandatos de la ley y desacatar disposiciones adoptadas por los órganos de investigación y jurisdiccionales. Recordemos a Óscar González Daher y Derlis Osorio entre algunos ejemplares del Parlamento Nacional. La postura asumida por Galeano es muy reveladora. Probablemente, maneja suficiente información como para embarrar a otros partidarios a quienes implícitamente está transmitiendo el mensaje de: “Más vale que me salven o nos irá mal a todos”. Esta actitud se nota también cuando justifica que el avión suyo, utilizado para transportar a narcotraficantes y operar sin licencia, es responsabilidad de la Dinac, no suya.
Testimonio fehaciente de que estamos ante alguien que no se siente interpelado siquiera a cumplir las reglas como ciudadano, menos aún a rendir cuentas como legislador. Por lo tanto, abierto a cualquier tipo de negocio.
