Durante el último año se conjugaron un escenario internacional y climático adverso para Paraguay y la ausencia de señales de cambio en la política económica. El país sustentó su crecimiento durante muchos años en la demanda externa, condición que perdió peso como motor. Ante esta circunstancia, las políticas económicas deben cambiar, acorde con la dinámica económica; sin embargo, esta no verificó cambios sustanciales a pesar de que ya se observaba desde años atrás la necesidad de una transformación importante.
La alta dependencia externa del crecimiento económico siempre fue un problema por la volatilidad que implicaba, pero fue obviada por el relativamente alto aumento del producto interno bruto durante muchos años. Hoy, que las condiciones de la demanda internacional ya no son favorables para el país, empezamos a sufrir las consecuencias sin contar con herramientas que nos permitan rever la situación. No se han planteado nuevas fórmulas para un escenario que empezó a cambiar hace por lo menos 10 años.
Adicionalmente a los cambios que exige el contexto internacional, la macroeconomía interna enfrenta dificultades. El crecimiento del PIB tiene un escaso impacto en el empleo, lo cual reduce los ingresos y con ello el consumo. La disminución de la pobreza y de la desigualdad económica se estancó y, si bien la inflación general se mantiene baja, la inflación de alimentos es más elevada, lo que afecta a la capacidad adquisitiva de quienes tienen ingresos bajos o fijos.
La política agropecuaria está generando pocos resultados a juzgar por la oferta de alimentos derivados de la agricultura familiar. No existe una política laboral que permita ampliar las oportunidades en el corto plazo y mucho menos una que aborde los desafíos que exige hacer frente al nuevo contexto internacional. La política educativa como determinante de la oferta de trabajo tampoco dio señales de cambio. El endeudamiento está aumentando porque no hay otra estrategia de financiamiento adicional. La única reforma propuesta, la tributaria, no modificará sustancialmente la actual estructura injusta y con suerte significará un leve aumento de un punto porcentual del PIB en las recaudaciones de impuestos. El escenario empeora si se mantiene el acuerdo energético, con lo que aumentará el costo de la energía para la ANDE y tarde o temprano repercutirá en las tarifas.
El malestar económico crece así como la incertidumbre, generando un ambiente adverso para el comercio o las inversiones. En este contexto surge el conflicto ampliamente conocido que derivó en el riesgo de juicio político, lo que parece está contribuyendo a un estancamiento aún mayor.
Se cierra un año no solo con pocos resultados positivos, sino con pocas expectativas de cambios alentadores. Lastimosamente fue un año perdido que ahora se complica con un conflicto político que pondrá barreras a cualquier iniciativa transformadora futura para la cual se requiere un consenso. Esperemos que las autoridades políticas sean capaces de manejar esta situación y logren los consensos necesarios para que el país enfrente en mejor situación las exigencias que requiere un mejor desempeño económico.
