A través de la resolución 1394/15, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, incluyó a tres empresas paraguayas para que puedan participar de la licitación del primer proyecto de Alianza Público-Privada (APP), para duplicar las rutas 2 y 7.
Se trata de las firmas Tecnoedil SA, Talavera y Ortellado Construcciones SA y Ocho A SA, que están habilitadas para presentarse al llamado ya en curso, consorciadas a las compañías extranjeras que ya están en la lista corta del MOPC.
En el caso de Tecnoedil y Talavera Ortellado, se asociaron con la empresa española Iridium Concesiones de Infraestructuras SA, y Ocho A con la brasileña Mota-Engil Engenharia y Construcão SA.
Según la resolución, el pliego de precalificación habilitaba a que se pueda conformar nuevos consorcios o modificar los integrantes de los ya existentes. Esto con nuevos socios que no hayan intervenido en la precalificación, previa aceptación de la administración contratante, que en este caso es el MOPC. El requisito principal es que el nuevo integrante cumpla los requisitos de capacidad y solvencia que exige el pliego. Otras de las empresas que podrán participar del llamado son: Obrascon Huarte Lain SA (España), Tradeco Infraestructura SA de CV (México), Consorcio Roggio (Benito Roggio e Hijos SA Argentina-Benito Roggio e Hijos SA Paraguay), Sacyr Concesiones SL (España), Grupo Isolux Corsan Concesiones SA (España), IECSA SA (Argentina), Construcción y Administración SA (Perú), Consorcio Ruta Esperanza (ILSUNG Construction Co. Ltd.-Korea Expressway Corporation), Odebrecht Latinvest SL (España).
Obras e inversiones. El primer proyecto APP implica en total una intervención de 142 km de ruta a ser duplicadas y mantenidas, incluyendo cuatro circunvalaciones y tres viaductos para el desvío del tránsito en las principales zonas urbanas. También la construcción de circunvalaciones en Ypacaraí, Caacupé, Itacurubí y San José.
Según las estimaciones, el monto total del proyecto asciende a USD 754 millones, de los cuales USD 387 millones corresponden a la inversión de la obra, USD 287 millones al mantenimiento y hay que sumarles los USD 80 millones que el MOPC deberá pagar para expropiar la franja de dominio.
Los cálculos prevén que el 64% del proyecto es autosostenible (se paga con los peajes e los impuestos que genere la obra), por lo que el 36% restante debe ser costeado con fondos del Tesoro. El Estado invertiría alrededor de USD 256 millones para ejecutar la obra, primeramente USD 80 millones para la liberación de la franja de dominio y USD 176 millones que deberá pagar a lo largo del contrato de 30 años (monto que no se cubriría de los peajes).
Primeros desafíos. El 70% de la franja de dominio que se requiere para ampliar las rutas 2 y 7 está ocupado. Esto se traduce en unas 1.800 propiedades identificadas, tanto para la duplicación, las circunvalaciones y los viaductos que se prevén en el proyecto, según el estudio de precatastro. Para la liberación de las afectaciones, el MOPC destinará USD 80 millones, para lo cual estará contratando a una empresa consultora.
Al respecto, el ministro Ramón Jiménez Gaona manifestó que en la institución ya tienen experiencias sociales de gran impacto, para realizar las negociaciones con los frentistas. “Nosotros tenemos en el Ministerio una experiencia muy buena, ganada en el proyecto de la primera etapa de la Costanera de Asunción. En ese momento, nos equivocamos y acertamos, hasta que desarrollamos la manera más adecuada de comunicar a la gente e involucrarlas, para disminuir el impacto social de una obra importante, y aplicaremos las experiencias ganadas”, dijo.