20 abr. 2024

Tras la suspensión de juez, caso Indert iría a Neuland

Lugareños. En 2019 vecinos de las tierras denunciadas habían ingresado para ocuparlas.

Lugareños. En 2019 vecinos de las tierras denunciadas habían ingresado para ocuparlas.

Tras la suspensión del juez de Mariscal Estigarribia, Aníbal Ortiz Granada, por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la causa de tierras adjudicadas, supuestamente de manera fraudulenta por parte del Indert, pasaría al Juzgado de Neuland.

A decir del abogado Raúl Peralta Vega, en nada avanzó la causa, aun así sus clientes se sienten esperanzados por los últimos acontecimientos que guardan relación con el cambio de Juzgado a raíz de la suspensión del juez.

Según dijo, “una de las situaciones que llamó poderosamente nuestra atención fue que el juez Aníbal Ortiz no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles. Al momento de presentar la demanda de nulidad no encontramos las demandas”.

El doctor Raúl Peralta había promovido una demanda de nulidad de acto jurídico, redargución de falsedad de instrumento público y cancelación de inscripción, en contra del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y otros, presentado en fecha 14 de febrero.

Recordemos que en la denuncia inicial presentada en el Ministerio Público, el ganadero Rolando Ismael Fernández refiere que en el año 2015, en compañía de otras personas, inició un proyecto ganadero en cuatro campos ubicados en la colonia Ñande Mba’e, a 150 kilómetros de Mariscal Estigarribia, Chaco.

En el documento consta que se realizaron varias mejoras formando una estructura para consolidarse en el lugar, como el mejoramiento de casa de los personales, tinglados, alambrados y otras mejoras.

Sin embargo, según el denunciante, realizaron los trámites para un desmonte en la zona, que sería realizada por una empresa, y allí comenzaron los problemas con el ente estatal.

Aparentemente, al iniciar el proceso de cambio de titulares comenzaron las trabas por parte del Indert.

El abogado Raúl Peralta, que representa legalmente al denunciante, afirmó que en esa época recibieron la información de que los lotes habían sido vendidos a otras personas, creando un sobreexpediente, con lo cual adjudicaron a cuatro personas.

Las personas beneficiadas fueron Marcelo Morínigo, Tanya González Rodríguez, María Alejandra Rodríguez y Javier Ruiz Flores. De acuerdo con el documento, las mismas debieron pagar 400 millones por cada lote.

El abogado señaló que en ese momento se produjo la producción de documento no auténtico, ya que funcionarios del Indert supuestamente fueron a verificar que estas cuatro personas estaban ocupando las tierras.

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