La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la ley que establece la implementación de las pulseras electrónicas para personas con arresto domiciliario. La medida propuesta por la diputada Rocío Vallejo ejerce un control directo sobre quienes cuentan con prisión ambulatoria y el órgano de aplicación ahora debe ser dispuesto por el Ejecutivo, dado que se sacó esta prerrogativa a la Corte Suprema de Justicia, que debió aplicar la normativa desde el año pasado, pero no lo hizo por “falta de recursos”.
En busca de reducir el hacinamiento en las cárceles, las que demostraron ser una bomba de tiempo tras el suceso ocurrido en el penal de San Pedro, con las horribles muertes de miembros de clanes dentro de las penitenciarías (clan Rotela y PCC), los legisladores apuraron la sanción del mecanismo a ser utilizado.
Con las modificaciones, según lo planteado por la proyectista, el órgano de aplicación dispuesto por el Ejecutivo, que podría recaer en el Ministerio de Justicia o del Interior, debe contar con la reglamentación pertinente para que finalmente pueda ser utilizada como paliativo para descongestionar las cárceles.
El debate sobre este punto fue consensuado tanto por el Poder Ejecutivo como el Legislativo, dándose en este último un espacio de discusión sobre cómo reducir la población penitenciaria, en una Comisión de Reforma Judicial, que ya viene del periodo pasado.
De hecho, el proyectista de la ley vigente es el ex diputado Éber Ovelar, quien dijo que con el dispositivo se pueden descongestionar las penitenciarías, cuya medida es urgente, consideró, si se toma en cuenta que solo Tacumbú casi cuadruplica la capacidad real de albergue a los privados de su libertad.
“Mejorará el control a través de monitoreos constantes, ya que a lo largo de los últimos años se ha demostrado con absoluta claridad la ineficacia de los arrestos domiciliarios, que lejos de cumplir una función de tutela localizada de un delincuente, le otorga un formidable salvoconducto para cometer todo tipo de crímenes bajo el amparo de una coartada disfrazada”, explicó el ex parlamentario, al momento de entrar en vigencia la ley, que ya data de setiembre del año pasado.
El tema se puso de vuelta en discusión recién semanas atrás, pese a estar vigente desde el año pasado.
La lucha creciente entre clanes penitenciarios, con el consabido desenlace de una decena de muertos y heridos dentro de la penitenciaría de San Pedro, puso en evidencia el descontrol en las cárceles que están hacinadas debido al alto índice de presos sin condena. Según los datos, existen 16.000 internos cuando que las cárceles solo están preparadas para recibir 4.300 reclusos.
