24 abr. 2024

Tras fallo por la transparencia, solo se espera veto a polémico proyecto

A partir de que la Sala Constitucional de la Corte declaró públicas las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, ahora queda que Abdo vete ley que permite falsear los datos.

Tras el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ampliada, que sentenció como públicas a las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios públicos, ahora solamente resta que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cumpla con su promesa de vetar el proyecto de ley sancionado por los diputados que pretenden despenalizar el falseamiento de datos y sostiene que dichos documentos no son públicos.

Las diversas organizaciones civiles que acompañaron el proceso de lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, celebraron la sentencia judicial lograda este jueves a través de los votos del titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, y los ministros Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez y Carolina Llanes, además de los camaristas Óscar Paiva, Valentina Núñez y María Mercedes Buongermini.

El juez Marcos Riera tuvo un dictamen dividido ya que sostuvo que las declaraciones juradas son públicas pero que ciertas informaciones, como la de los parientes, no lo son.

El único magistrado que emitió un dictamen en contra de transparentar las declaraciones juradas fue Guido Cocco, quien se apoyó en la teoría de los diputados al señalar que no son objeto de publicidad por pertenecer al ámbito del derecho a la intimidad.

Con dicha medida, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada en el 2018 por el entonces contralor Enrique García, quien buscó proteger los datos de legisladores que de igual forma votarían por su destitución a través del juicio político, hecho que no se dio porque el mismo terminó renunciando.

Espera. Mientras la Corte se preparaba para resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría, la Cámara de Diputados sancionó el pasado martes su versión del proyecto de ley originado en el Senado sobre las declaraciones juradas.

Mientras que el proyecto del Senado buscaba transparentar dichos documentos, los diputados modificaron el texto y dejaron sentado que los mismos solamente pueden ser dados a conocer a través de una orden judicial, y lo peor de todo fue que despenalizaron la presentación de información falsa, hecho que actualmente tiene una pena de hasta cinco años y podría quedar en una mera multa.

El presidente Mario Benítez se pronunció el pasado miércoles al respecto señalando que, si el proyecto de ley señalado realmente despenalizaba el falseamiento, entonces utilizaría su derecho constitucional a vetarla, y que para ello debía realizar un estudio del mismo. Esto lo ratificó ayer en un acto por el día de la Paz del Chaco.

Las diversas organizaciones celebraron este pronunciamiento y publican todos los días en redes sociales la necesidad de que el mandatario cumpla con el veto, confiados en que en el Congreso no habrá los votos suficientes para rechazar el veto.

Según los cálculos, en la Cámara de Senadores no habrían los votos suficientes para levantar el veto del presidente, con lo que pasaría al archivo. Sin embargo, piden el veto total y no parcial para eliminar todos los puntos oscuros.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.