En la semana que pasó se conmemoró el Día del Niño. Los datos estadísticos nos muestran la enorme deuda social que tiene nuestro país con la niñez y la adolescencia. Pobreza, exclusión escolar, baja calidad del aprendizaje, deficiencias en la salud física, mental y nutricional, ausencia de espacios deportivos y de recreación y violencia son algunos de los problemas más graves que enfrentan. A pesar de la falta de garantía de sus derechos y de la relevancia que tiene para el bienestar personal y el desarrollo nacional, la niñez y la adolescencia están casi abandonadas por el Estado.
En un país donde cerca del 70% de los adultos no logran ganar el equivalente al salario mínimo y trabajan de manera informal, el rol de la política pública es fundamental para la calidad de vida presente y futura de este importante grupo poblacional, conformado por cerca de 2.500.000 personas.
Los niños, niñas y adolescentes están permanentemente en los discursos de políticos y funcionarios. El país firma compromisos internacionales, elabora planes y políticas y aprueba leyes tendientes a efectivizar sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades. Sin embargo, la realidad es otra. Las políticas públicas son de baja cobertura o mala calidad cuando existen y, ante la mayoría de los problemas que enfrentan, hay vacíos.
Cerca de 1.000.000 de niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza monetaria, esto significa que sus hogares no cuentan con los ingresos suficientes para garantizar una canasta básica de bienes y servicios, incluyendo alimentos.
Si hablamos de pobreza multidimensional como carencia alimenticia, entre el 5% y 12% de la niñez menor de 5 años se encuentra desnutrida, dependiendo del indicador utilizado. La malnutrición se manifiesta en el exceso de peso, que llega al 22,3% (15,1% sobrepeso y 7,2% obesidad) en este mismo grupo etario. No es necesario mencionar las terribles consecuencias para el resto de sus vidas.
Un tercio de la niñez no consulta cuando se enferma o accidenta, cifra que se eleva al 50% en el caso de adolescentes. Esta situación es inconcebible, considerando que la salud es parte fundamental de la calidad de vida y un determinante del aprendizaje.
El derecho a la educación todavía es una aspiración, lo cual es preocupante considerando que es donde mayor preocupación y esfuerzo público hay. La primera infancia no cuenta con políticas de cuidado, la educación inicial tiene baja cobertura y la educación básica y media, aunque han avanzado en la cobertura, no han sido universalizados.
Tal vez el dato más grave es el que muestra que apenas la mitad de los niños y niñas que se matriculan en primer grado logran terminar la educación media. Los que consiguen llegar a este nivel de enseñanza presentan bajos niveles de aprendizaje. Alrededor del 80% de los adolescentes no cuentan con las competencias mínimas en Matemáticas, Ciencias o Lectura.
Para los problemas anteriores existen políticas como las de salud, educación y protección social, pero como se puede observar, hay mucho por hacer, tanto para aumentar la cobertura como la calidad. El indicador más notorio es el esfuerzo fiscal. Paraguay invierte en su niñez y adolescencia la mitad del promedio latinoamericano y alrededor de un tercio de los países más desarrollados.
La situación en otros ámbitos es la total ausencia del Estado. La prevención de la violencia y de conductas de riesgo, la participación en actividades deportivas y culturales y la salud mental no están en la agenda pública, a pesar de la situación crítica observada cotidianamente en los medios de comunicación.
El Estado paraguayo ha dejado a su suerte el desarrollo de la niñez y adolescencia, ya que no garantiza trabajo decente e ingresos dignos a las personas adultas de la familia ni los servicios básicos de calidad para la niñez, tales como salud, educación y protección social. Todos somos responsables: sociedad y sector público. Debemos tomar conciencia de que cualquier posibilidad de desarrollo depende de cómo tratemos a los niños, niñas
