En principio, el actual intendente interino de Asunción, César Ojeda, se había negado terminantemente a proporcionar informes sobre un pedido que el 16 de julio pasado realizó la candidata a la intendencia capitalina Johana Ortega, de la Alianza Asunción para Todos, pidiendo conocer detalles y documentos sobre los gastos de G. 21.095.571.375 del presupuesto para emergencia asignado al ejercicio 2020, que había ordenado el entonces jefe de la Comuna, Óscar Nenecho Rodríguez, quien se presenta como candidato oficial del Partido Colorado para los comicios de este domingo, en el distrito capitalino.
El pedido se había hecho en el marco de la Ley 5282/14, de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, que obliga a que los funcionarios públicos y autoridades provean los datos de interés público solicitados por los ciudadanos en un plazo de quince días, pero no hubo respuestas del actual Ejecutivo, por lo que la candidata presentó una solicitud de amparo constitucional ante el Poder Judicial. En respuesta, la jueza Marcela Fernández dio lugar al pedido y emplazó a la Intendencia asuncena a proveer lo solicitado en un plazo máximo de diez días.
La Municipalidad cumplió parcialmente con el pedido, pero los documentos que fueron expuestos resultan suficientes para comprobar indicios de graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos, entre ellos presuntos sobrecostos, dudas sobre la selección de las empresas con la designación de proveedores, con titulares de un mismo núcleo familiar, sin experiencia y varios sancionados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por incumplimiento o que operan con rubros que no corresponden.
Entre los hechos llamativos, se ha podido comprobar que una empresa que aparece como superproveedora del Municipio, denominada Bastian Comercial, habiendo vendido una gran cantidad de productos, opera sin embargo desde una precaria casilla en el mercado municipal número 5, del Barrio Obrero. La sospechosa, pero afortunada empresa, tiene como representante a una joven de tan solo 23 años de edad. En total, la misma familia que aparece como propietaria de esta y otras empresas se quedó el año pasado con seis contratos que significaron más de G. 2.000 millones.
Si bien todo esto sucede en vísperas de las elecciones, con evidentes intereses de disputar el favor del electorado, no por ello lo que se está revelando y relevando deja de tener gran importancia en el contexto de la lucha contra la corrupción y la construcción de una más sólida democracia. Por un lado, es positivo comprobar que la Ley de Acceso a la Información Pública, que también fue lograda con una larga lucha ciudadana, es un instrumento útil para aportar transparencia sobre la gestión pública.
Por otra parte, lo ocurrido pone en foco la necesidad de tener en cuenta la honestidad y la transparencia de los administradores de la cosa pública que aspiran de nuevo a un cargo electivo.
Es de esperar que los electores consideren críticamente estas situaciones, que también se presentan con otros candidatos en el resto del país, a la hora de depositar sus votos.