Sigue el conflicto entre los ocupantes de la finca madre 66 y la Municipalidad de Ciudad del Este, que por mandato de Ley 35/90 es municipal, pero falta determinar su ubicación teniendo en cuenta que se trata de una finca madre y de miles de desprendimientos. Sobre este punto se encuentra en desarrollo una mensura judicial financiada por la Comuna.
Por lógica, solo ubicando la finca que es propiedad municipal, recién se podría adoptar una acción judicial para tomar posesión de esas tierras. No se puede accionar sobre propiedad de terceros. Empero, los vecinos del asentamiento ubicado en la franja donde se supone que está la finca 66 están ejerciendo presión contra la asesoría jurídica para evitar el cumplimiento de unas 80 órdenes de desalojo vigentes.
La desesperación por terminar siendo desalojados lleva a un grupo de vecinos a movilizarse constantemente frente a la Municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, la Comuna emitió un comunicado explicando a los moradores de la ex finca 66, que la mensura judicial es un proceso lento.
Aclara que no es competencia aún de la Municipalidad solicitar amparos judiciales. “El Gobierno Municipal insta a la tranquilidad a los ocupantes ante la movilización permanente de un sector en reclamo de actos jurídicos extemporáneos”.
Señala que una vez que culmine el trabajo técnico para la mensura, la Municipalidad solicitaría las medidas cautelares necesarias para proteger los derechos de los ocupantes confirmó el asesor jurídico, abogado Ricardo Romero Fatecha, cuya residencia fue blanco de los manifestantes quienes arrojaron basura y aceite.
El profesional refirió que el proceso de mensura judicial se adjudicó a una empresa especializada que está iniciando los trabajos técnicos preliminares, que tendrán una duración de diez meses aproximadamente, como se había informado en una reunión pública con los afectados.
Aclaró que luego de varias postergaciones por causas ajenas a la administración actual, el llamado a licitación se realizó recién este año, concretándose la adjudicación en mayo pasado y que se trata de un proceso delicado, que debe implicar las delimitaciones en presencia de un juez posterior al trabajo técnico.
También significó que el interés general debe primar sobre lo particular, al referir que la mayoría de los afectados conocen y entienden el proceso, a excepción de los moradores del asentamiento Belén, que responden a Elvio Barúa, inmerso en una campaña proselitista, de acuerdo con lo indicado por Romero Fatecha. Instó a Barúa a bajar los decibeles, teniendo en cuenta que las familias merecen tranquilidad y no zozobra.
Los trabajos están a cargo de GeoCad Consultora Topográfica. Fueron adjudicados por el Municipio por un monto de G. 2.673.000.000 plurianual, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022. La empresa cuenta con un dron de excelente tecnología para medir en tiempo real la situación de los terrenos. Toda la información será fusionada y proveída a la división de catastro de la Municipalidad.
