Cuando se supo que las autoridades del Ministerio de Hacienda (las que desde hace meses nos piden a todos que tengamos austeridad para cuidar la economía, ante la crisis generada por la pandemia), habían liberado más de medio millón de dólares (G. 3.289 millones) para pagar a 1.500 funcionarios la suma de G. 2.192.839 en concepto de subsidio familiar, surgió una comprensible ola de indignación ciudadana.
En ese momento creíamos que era un solo caso, de un sector gubernamental que asumía una actitud totalmente ciega y equivocada, en medio de una feroz crisis sanitaria y de una apretada situación de las finanzas públicas ante el endeudamiento y el elevado déficit fiscal, pero en realidad los equivocados éramos quienes nos sorprendíamos por tamaño desacierto.
Muy pronto, nuevos datos empezaron a surgir, indicando que también otros organismos del Estado, como el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, Banco Central, Aduanas, Petropar, Banco Nacional de Fomento, Poder Legislativo, también están repartiendo generosos sobresueldos con el dinero del pueblo, en momentos en que tantos compatriotas están sin trabajo, reciben miserias por ayuda estatal o pierden lo poco que tienen para intentar salvar la vida de sus familiares, internados en grave estado por Covid-19, mientras viven desesperadas jornadas de vigilia en precarios campamentos frente a los hospitales.
A cada día surgen nuevos datos, que revelan que a los administradores del Estado no les importa para nada la crisis ni el sufrimiento de la ciudadanía en esta pandemia. ¿Cómo explicar, si no, esta soberbia y ofensiva actitud de hacer vito con el dinero público, en momentos en que faltan medicamentos, faltan recursos médicos, faltan vacunas y tantas cosas más, generando tanto dolor y tanta muerte?
El uso discrecional de los recursos por parte de los organismos estatales para repartir bonificaciones es también una bofetada para los sectores del empresariado formal e informal, que están padeciendo duros golpes con las restricciones impuestas por la pandemia, obligando al cierre de tantos comercios y emprendimientos laborales. Tal como lo ha señalado la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), esta situación demuestra que el Estado “sigue siendo poco eficaz y bastante ineficiente. Este pago en Hacienda enerva los ánimos cuando la ciudadanía está soportando una caída importante en sus ingresos en el sector privado. No hay justificación alguna que pueda ser válida ante esta realidad”.
O, en términos más duros, “es inadmisible e indignante. Con esto lo único que hacen es comprobar que la política pública considera que hay dos categorías de ciudadanos. Los ciudadanos de primera, que reciben bonificaciones y hasta salarios indebidos, y los ciudadanos de segunda, que somos el sector privado, que somos los que no recibimos ningún tipo de apoyo, debemos acatar todo tipo de restricciones y al mismo tiempo no tener fuentes nuevas de ingresos”, tal como lo ha señalado la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), a través de su titular, Bruno Defelippe.
Es de esperar que las autoridades entiendan que esta afrenta a la ciudadanía no tiene perdón.
