El más reciente nombramiento es el del abogado Rubén Darío Ortiz, director general de Asuntos Legales de la Cancillería, designado a prestar servicio en la Embajada paraguaya en Sudáfrica, pese a no pertenecer al escalafón diplomático y consular.
Ante situaciones similares, la ADEP cuestionaba de inmediato que no se promoviera a los cargos en el servicio exterior a los profesionales de la carrera diplomática que pertenecen al escalafón.
Como Ortiz, el canciller también designó en febrero al director general de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, abogado Luis Enrique Barboza, como consejero en el Consulado General de Madrid, aunque con categoría D28, equivalente a la de un consejero del escalafón diplomático.
En la misma época también dispuso el nombramiento de Ana Carolina Velázquez, hija del senador colorado Julio César Velázquez, para desempeñarse como segunda secretaria en la Misión Permanente del País ante la ONU. Ni ella ni Barboza son diplomáticos.
Entonces Loizaga argumentó que tales designaciones están estipuladas dentro de la Ley 1335 del Servicio Diplomático, que establece un porcentaje de nombramientos del 20% de las personas que están fuera del escalafón diplomático y consular que puede realizar el Poder Ejecutivo.
Para el ministro, con este tipo de nombramientos, las personas no tienen posibilidad de incorporarse al escalafón diplomático, para lo cual requiere presentarse a un concurso nacional de méritos.
A un diplomático de carrera le lleva como 11 años llegar a un puesto como el de Barboza o más aún para promoverse a un puesto como el que ocupará Ortiz en Sudáfrica.
La etapa de transición de un gobierno a otro ha sido fecunda en designaciones. Todavía queda pendiente el acuerdo del Senado para dos embajadores.
