Sin embargo, si el Gobierno sigue avanzando en una agenda oculta —evidenciada por distintos hechos— se perderá de nuevo esta ventaja histórica y se tendrían otros 50 años en los cuales Itaipú seguiría siendo una tranca para el desarrollo nacional, sirviendo a intereses extranjeros, en detrimento del interés paraguayo, afirma la experta.
“Es clave no perder esta oportunidad histórica donde se puede cambiar la realidad de Itaipú, lo cual convertiría a la hidroeléctrica en esa llave para el desarrollo que necesita el país”, apunta la especialista.
Expuso que es importante entender a Itaipú de manera integral, considerando que la binacional es ciertamente generación, producción y uso de energía, pero es también fondos, territorio y poder.
“Con esta mirada holística e integral de Itaipú, se ve lo que se juega en esta oportunidad histórica del 2023. La cuestión central está puesta en saber si Itaipú seguirá beneficiando a un pequeño grupo, como lo hizo en estos 50 años a costa del desarrollo nacional, o si lograremos generar los cambios necesarios para que la hidroeléctrica se convierta en una llave para el desarrollo nacional, como siempre debió ser, y como podría ser”, comenta la experta.
PREOCUPACIÓN. Vuyk no considera creíble el proceso institucional que lleva adelante el Gobierno con respecto a la revisión del Anexo C, ya sea con el equipo negociador o con los grupos de trabajo, cuyos documentos a la fecha aún no se socializaron y transparentaron a la ciudadanía.
“Este proceso de revisión que lleva adelante el Gobierno es un intento de distracción del punto central. Los acuerdos con relación a la oportunidad histórica del 2023 se realizan sin ningún tipo de mesa de negociación transparente y de hecho son impulsados por debajo de la mesa por los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, los cuales dejarían el poder antes de los 50 años del Tratado de Itaipú, que se cumple el 13 de agosto de 2023”, puntualiza la experta.
Vuyk se muestra preocupada de que los actuales gobiernos de Paraguay y Brasil buscan adelantar las negociaciones y acuerdos porque “tienen intereses corporativos” y quieren “garantizar que empresas amigas y privadas se queden con los negocios vinculados a la energía, los fondos y al manejo de Itaipú”.
DESAFÍO. La revisión del Anexo C en el 2023 es también una oportunidad para que el Paraguay disponga libremente de su energía, intensifique el uso local de la energía para generar valor agregado en el mercado nacional y comercialice esa energía, tanto a Brasil como a terceros países, según señala la politóloga.
Añade que se debe lograr a futuro que el presupuesto de Itaipú del lado paraguayo se incorpore al Presupuesto General de Gastos de la Nación, para disponer de modo transparente y soberano de los recursos generados por la entidad, y potenciar así la inversión en desarrollo que se requiere, con los debidos niveles de transparencia, control y capacidad de auditar dichos fondos, hoy vedados por el Tratado de Itaipú.
Otra medida es evitar cualquier nueva deuda desde Itaipú, algo que arbitrariamente decide el Consejo de Administración de la entidad sin necesidad de consultar al Congreso Nacional y sin ningún tipo de capacidad del Estado y de la ciudadanía del control de esa decisión, dice Vuyk.
Piden emitir en vivo reuniones de la Itaipú
La Sociedad de Comunicadores del Paraguay, amparados por el artículo 28 de la Constitución Nacional referente al derecho a informarse, solicitaron a Itaipú una serie aspectos, entre ellos, la transmisión en vivo de las reuniones del Consejo de Administración de la entidad.
La sociedad también solicitó que la binacional informe sobre la cantidad de reuniones realizadas por el Consejo de Administración, a partir del 15 de agosto de 2018 hasta la actualidad; el orden del día desarrollado en todas las reuniones; y la posición de cada uno de los consejeros en dichas reuniones.
