La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) está martillando las paredes en busca de reducir la morosidad fiscal y tener mayores ingresos en un año de ajustado panorama para las finanzas públicas.
De acuerdo con un informe al que accedió Última Hora, entre enero y abril, la Administración Tributaria ha hecho 408 intimaciones a contribuyentes de todo tipo de rubros por deudas pendientes de pago con el Fisco. Esto implica que tres contribuyentes fueron emplazados de forma diaria, en promedio, durante el primer cuatrimestre del año.
Las intimaciones consisten en notas de emplazamiento que realiza la SET vía correo electrónico a aportantes morosos. El ente otorga un plazo de 72 horas para que las personas arrimen las documentaciones solicitadas; caso contrario, sigue con su plan de cobranza hasta llegar a la emisión del certificado de deuda, instancia en la cual los casos pasan a la Justicia.
El documento de la entidad indica que la morosidad fiscal alcanza actualmente unos G. 1,3 billones (USD 193 millones al cambio actual). De ese total, el 45% corresponde a deudas impositivas correspondientes al IVA, el 35% al Iracis y el 8% al IRP y al Iragro, entre otros (ver la infografía).
“Estas intimaciones las realizamos con la intención de que los contribuyentes paguen sus deudas con el Fisco por la vía administrativa. De lo contrario, en caso de no cumplir nos obligan a ir a juicios, que son procesos largos y muchas veces tediosos para el contribuyente”, expresó el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
El subsecretario recalcó que no se trata de persecuciones a los contribuyentes en estos tiempos críticos, sino que son seguimientos impositivos que se hacen a partir de las declaraciones juradas que hacen las mismas personas físicas o jurídicas.
A LA JUSTICIA. Tras no haber encontrado respuestas en las intimaciones, la SET emitió en lo que va del 2021 unos 581 certificados de deuda a contribuyentes morosos, con lo que los casos ya se resuelven en el Poder Judicial.
Según el documento de Tributación, esos certificados implican un pasivo de G. 617.982 millones (USD 91,5 millones) que se busca recuperar por la vía de la Justicia, aunque la mayoría de estos procesos duran años.
Si bien los certificados de deuda prácticamente se duplicaron con respecto al mismo periodo del 2020, se encuentran en niveles similares a los del 2019 y 2018.