Este último había accionado ante el Poder Judicial, cuestionando su expulsión de la Cámara Alta y reclamando la restitución de la banca.
Otros que también quedaron fuera, como María Eugenia Bajac, Paraguayo Cubas y Dionisio Amarilla, también promovieron la acción.
En el documento con relación al caso de Bogado, desde el Senado indican que la actuación no solamente es legal y constitucional, sino exclusiva de la Cámara.
Se hace referencia a los artículos 190 y 201 de la Constitución Nacional, y se suscribe que: “está vedado al Poder Judicial de analizar cuestiones políticas no justiciables, por decisión expresa de los constituyentes al haber consagrado la facultad de cada Cámara de sancionar a sus miembros por inconducta y abuso de sus poderes”.
Se califica como “falaz” el argumento del colorado cartista de que no pudo ejercer su derecho a la defensa, siendo que él mismo decidió retirarse de la sala de sesiones. diciendo que no lo haría, y que eso no hace constar en su acción ante la Corte.
“No existió violación del derecho a la defensa, el señor Víctor Bogado se había retirado de la sesión extraordinaria del 13 de mayo de 2019”, se sostiene en el argumento del Senado, por el cual se sugiere el rechazo del planteamiento de Bogado.
Además, se hace hincapié en que su condena por el caso de la niñera de oro se ratificó en todas las instancias.