Sin ningún tipo de discusión ni polémica, los senadores derogaron ayer la más conocida Ley Guastella que consistía en una modificación del Código Procesal Penal para que procesos duren tres años.
Con esta decisión, vuelve a quedar en vigencia la denominada Ley Camacho que establece que sean 4 años.
Con la sanción de este proyecto prácticamente se restablece la ley, y ahora queda en manos del Ejecutivo.
De acuerdo a la explicación que se dio, la Ley Guastella, promovida por el ex senador oviedista Abel Guastella, contemplaba que los plazos sean de tres años improrrogables para las prescripciones de los procesos judiciales.
Se aclaró que con esta derogación también se pone fin a proyectos que anteriormente se presentaban con el fin de suspender la vigencia, y ocurrió en tres o cuatro ocasiones.
Se consideró un alivio que en forma definitiva se derogue la Ley Guastella, y quede vigente la Ley Camacho.
Esta última contempla que los plazos procesales son de cuatro años y si se plantean las denominadas chicanerías, se suspenden los plazos.
Eso implica que puede prorrogarse por más tiempo, ya que por las chicanas hacen que se interrumpan plazos.
Solamente el colorado cartista Sergio Godoy y el liberal llanista Juan Bartolomé Ramírez intervinieron en torno al proyecto de derogación.
Este último trajo a colación que por la Ley Guastella un sinnúmero de personas van quedando fuera del proceso y sin condena. Alabó que haya una ley definitiva.
El proyecto de derogación había sido presentado por el entonces diputado colorado Éber Ovelar, y en el Senado, la comisión de Legislación aconsejó su aprobación.
otros proyectos sancionados. Entre los proyectos de ley que se definieron en la sesión extraordinaria de ayer en Senado también se sancionaron varios otros, que pasan a manos del Ejecutivo.
Uno de ellos tiene que ver con una modificación del presupuesto del 2018 para el Gobierno de Cordillera en torno a la merienda escolar.
Se dio una discusión entre los que estuvieron a favor y en contra de este punto, pero finalmente se aprobó.
El reclamo giró en torno a la necesidad o no de que una reprogramación vuelva a pasar por el Congreso, así como la malversación de fondos dentro de las gobernaciones.
A pedido del futuro ministro de la Senad (Secretaría Antidrogas), Arnaldo Giuzzio, se aprobó una ampliación presupuestaria de un poco más de G. 6.000 millones.
También se dio vía libre a una ley de protección y facilidades para la naturalización de las personas apátridas, que había sido presentado por Pedro Santa Cruz, del PDP.