Editorial

Se debe impedir que la violencia política siga creciendo en el país

El Gobierno y los organismos estatales encargados de la seguridad deben asumir acciones urgentes y decisivas para impedir que la ola de criminalidad y violencia política que se manifestó en días previos a las elecciones siga creciendo. Los asesinatos de tres candidatos a concejales, los atentados y las amenazas contra varios otros postulantes a cargos electivos, así como el caso de sicariato en que murió la hija del gobernador del Amambay han dejado el mensaje de que el crimen organizado y el narcotráfico tienen cada vez más intervención en el ámbito político y en los círculos de poder. La situación ha generado conmoción y preocupación no solamente en la ciudadanía, sino también en los observadores internacionales que participaron del proceso electoral. Se debe impedir que el Paraguay se encamine hacia un modelo de narco-Estado o de Estado fallido.

El proceso de las campañas electorales para los comicios municipales del domingo pasado se ha teñido lamentablemente de sangre y de violencia política, con el asesinato de tres candidatos a concejales municipales, a los que se sumaron los atentados y amenazas contra otros postulantes, además de un grave caso de sicariato en que resultó muerta la hija de un gobernador.

Como pocas veces antes, el clima de violencia se instaló en el ámbito político electoral. En total casi diez candidatos fueron víctimas de sicarios en atentados en las semanas previas a las elecciones.

Entre los casos más significativos, en Pedro Juan Caballero, el 30 de setiembre, el candidato a concejal Néstor Echeverría, del partido Unámonos, fue asesinado en el segundo atentado sufrido tras presentar denuncias contra miembros del Clan Acevedo.

En la misma ciudad, el día antes de las elecciones, Haylee Acevedo, hija del gobernador de Amambay, Rodney Acevedo, murió en un ataque de sicarios en que fallecieron finalmente cinco personas, en un atentado presuntamente dirigido contra un narcotraficante identificado como Osmar Álvarez Grance, alias Bebeto.

También en la región, la intendenta de Bella Vista Norte, Mirkha Arguello, fue atacada a tiros en febrero último, pero logró salir con vida.

En Itakyry, Alto Paraná, el candidato a concejal Carlos Aguilera, de la ANR, fue asesinado a balazos el 20 de setiembre, durante un enfrentamiento entre grupos políticos.

En Hernandarias, el candidato a intendente por el movimiento Unidos por el Cambio, Nelson Cano, sufrió un atentado fallido por parte de sicarios el 6 de octubre. Pudo escapar ileso y resultó ganador de las elecciones.

En Nueva Germania, San Pedro, el candidato a concejal Bartolomé Gauto, del PDC, fue asesinado por sicarios el 30 de setiembre.

También en San Pedro, en el distrito de Liberación, el diputado liberal Ariel Villagra denunció que fue víctima de un ataque a balazos el 9 de octubre, del cual pudo salir con vida.

En Nueva Esperanza, Canindeyú, el concejal y precandidato colorado Marcos Roberto López Dos Santos fue asesinado por sicarios el 10 de abril.

En Salto del Guairá, en mayo, fue detenido el candidato a concejal Juan Acosta Llano, acusado de participar en un intento de homicidio a un rival político.

El 9 de octubre, en Independencia, Guairá, la candidata a la intendencia por el Partido Encuentro Nacional, Eva Cristaldo, sufrió un ataque de sicarios, del cual pudo salir viva. En la misma fecha, en Mariscal Estigarribia, Chaco, el candidato opositor a concejal Alexis Cabrera recibió un ataque a balazos, del cual pudo salir vivo.

Todos estos casos han dejado un claro mensaje de que el crimen organizado y el narcotráfico tienen cada vez más intervención en el ámbito político y en los círculos de poder. La situación ha generado conmoción y preocupación no solamente en la ciudadanía, sino también en los observadores internacionales que participaron del proceso electoral. Se debe impedir que el Paraguay se encamine hacia un modelo de narco-Estado o de Estado fallido, como ha ocurrido en otros países.

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