Se registró un debate a favor y en contra del proyecto al punto que hubo varios intentos de postergación. Ahora el texto pasa al Ejecutivo.
Los que defendieron el proyecto alegaron que da más facultades a la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y que supuestamente el paquete de leyes antilavado no tendría sentido sin esta propuesta.
El titular de la Comisión de Legislación, Sergio Godoy mencionó que se modificaron 15 artículos, y que establece funciones de la Seprelad.
Dijo que se le otorga personería jurídica propia, autonomía en la asignación de recursos y se cambia el enfoque de las operaciones que tienen que ser reportadas.
Trajo a colación que anteriormente se establecía un importe fijo de USD 10.000 pero que ahora se fija un enfoque de riesgo.
“Deben estar atentos a todos los cambios que pueda implicar un riesgo de lavado de dinero”, manifestó.
Algunos referentes liberales y del luguismo cuestionaron que se quiera tratar a los apurones por lo que pidieron más tiempo para estudiar y analizar, pero no tuvieron eco.
“Déjennos revisar un poquito o directamente somos subalternos, sargentos que vamos a cumplir órdenes de otro lado”, dijo Víctor Ríos.
Godoy insistió en que en el paquete de los proyectos antilavado se establecieron las modificaciones a los tipos penales, y que esta propuesta incluye cuestiones administrativas. “Seprelad no va a tener capacidad de acción”, alegó el cartista.
El llanista Fernando Silva Facetti sostuvo que los firmantes del convenio en su gran mayoría tienen sistemas constitucionales distintos.
Recordó que de acuerdo a la prelación de leyes primero está la Constitución Nacional.
Abel González también coincidió con el discurso en contra, alegando que las multas son más elevadas.
Intervino Desirée Masi quien manifestó que algunas opiniones de sus colegas le recordaban a la Asociación de Bancos y Financieras.
Dijo que estaba podrida de escuchar que el dinero se lavaba en los colchones de los políticos, cuando se sabía que pasan en bancos, financieras y casas de cambios.
Acotó que no encontró nada inconstitucional en el proyecto. Indicó que todos políticamente están expuestos y sus familiares, y cuando abren una cuenta tienen que habilitar los datos a EEUU.
Sentenció que los bancos y financieras tienen que trabajar, y que lo único que falta es que el Estado les ponga un funcionario para que haga los controles . “La plata sucia termina saliendo a través de un banco”, increpó.