Esta es la preocupación que manifestaron varios legisladores, que exigieron que el Poder Ejecutivo –en la figura del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Hacienda, Benigno López– rinda cuentas a la ciudadanía sobre el destino de créditos, ahorros y donaciones.
La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo cuestionó duramente la falta de transparencia y pidió que se explique dónde están los USD 1.600 millones que fueron aprobados por el Congreso para la emergencia.
Añadió que no se trata solo de ese crédito, ya que existieron en todas las instituciones altos descuentos salariales, recortes de gastos superfluos y hasta donaciones en nombre de la salud. “¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se está invirtiendo?”, expresó la parlamentaria.
Destacó que no solamente no existe rendición de cuentas de lo que llamó “cheque en blanco”, sino que los hospitales están totalmente desprotegidos al igual que los trabajadores de la salud.
INVESTIGACIÓN. Vallejo aseguró que seguirá criticando porque no esperará a que la situación se desborde y anunció que personalmente comenzará una investigación para controlar y conocer qué se hizo con todo el dinero. Alegó que existe hartazgo por la falta de respuestas.
Igualmente, junto con la crecida preocupación por una falta de balance, también saltan diversos casos de corrupción en torno a las adquisiciones públicas de insumos médicos y equipamientos.
Por su parte, el senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen se sumó al pedido de rendición de cuentas y desde la Comisión de Control apresuró una respuesta a Hacienda mediante una nota. “Cuando dejemos de pensar que la política se trata solamente de las próximas elecciones, ahí vamos a avanzar como país. Definitivamente Mario Abdo no dimensiona la gravedad de la corrupción ni las necesidades en medio de la pandemia”, lamentó el legislador.
RECURSOS. Además de los USD 1.600 millones de la emergencia, se dieron donaciones de varias instituciones para Salud. Itaipú entregó G. 3.845 millones luego de recortar salarios y gastos y superfluos; lo mismo hizo Yacyretá, con G. 4.300 millones; el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) redireccionó G. 185.000 millones ante la suspensión de elecciones más recortes salariales; el Senado, G. 10.545 millones; Diputados, G. 2.503 millones, además de donaciones de sueldos de parlamentarios, entre otros.
