Poco después del anuncio, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que tenía previsto viajar a Kiev y Moscú esta semana, anunció que se dirigía hacia la capital ucraniana para hablar de la instauración de una zona de protección en torno a la planta.
La central, la mayor de Europa, está situada en la región de Zaporiyia, uno de los territorios ucranianos que Rusia se anexionó formalmente la semana pasada. La planta está cerca de la línea que separa los territorios controlados por Kiev y los ocupados por Moscú. “El gobierno deberá velar por que las instalaciones nucleares de la central [...] sean aceptadas como propiedad federal”, recoge el decreto ruso.
El operador ucraniano, Energoatom, afirmó por su parte que consideraba el decreto de Putin “nulo y sin valor, absurdo e inadecuado”. “La central de Zaporiyia seguirá operando en Ucrania, conforme a la legislación ucraniana, en el sistema energético ucraniano, en Energoatom”, agregó la compañía en Telegram.
Después de que la gestión administrativa de la central se transfiriera a los rusos, el miércoles, el operador nuclear ucraniano se indignó por “la creación de pseudoempresas con nombres de empresas ucranianas”.
La decisión rusa muestra “la agonía del mundo imaginario loco del país agresor”, criticó Energoatom.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear el recinto desde hace varios meses. Los ataques hacen temer la posibilidad de una catástrofe nuclear similar a la que ocurrió en Chernóbil en 1986.
El presidente ruso, Vladímir Putin, expresó este miércoles, a raíz de la contraofensiva ucraniana en el este y sur, su seguridad en que la situación en los territorios ucranianos anexionados por Rusia “se estabilizarán”.
En tanto, las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y los países de la Unión Europea, tratan de reunir el mayor apoyo posible para que la próxima semana la Asamblea General de la ONU apruebe una resolución contra la anexión rusa de regiones de Ucrania y exija a Moscú retirarse del país. El primer borrador “condena la organización por parte de la Federación Rusa de supuestos referendos ilegales” en regiones ucranianas , y declara que los intentos de anexionarse esos territorios “no tienen validez bajo la ley internacional”.