Luego de realizar todos los trámites correspondientes, el ex titular de la comuna lambareña fue recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumplirá su pena. El hecho fue confirmado por autoridades del Ministerio de Justicia.
En la causa, un Tribunal de Sentencia condenó a Cárdenas a 2 años de prisión por usurpación de funciones públicas, pero bajo suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Central revocó ese beneficio y ordenó que la pena sea cumplida en una penitenciaría.
investigación. Según los antecedentes del caso, la Fiscalía acusó al ex jefe comunal de Lambaré por firmar un contrato con la empresa La Bandeja, que debía proveer el almuerzo escolar por más de G. 3.000 millones en el municipio, cuando ya no era intendente en el 2015.
En agosto de 2021, un Tribunal de Sentencia halló culpable a Roberto Cárdenas de haber perpetrado el delito de usurpación de funciones públicas. A pesar de contar ya con cuatro condenas, Cárdenas fue puesto tras las rejas en la causa abierta por usurpación de funciones.
El 23 de diciembre, en el cuarto juicio que afrontó, Cárdenas fue condenado a ocho años de prisión por causar un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de los recursos transferidos a la Municipalidad en concepto de royalties provenientes de la Itaipú Binacional.
En setiembre del 2021 recibió cuatro años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y por un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fonacide. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la condena de 4 años y el juicio debe reiniciarse.
Además, en julio del 2021 fue condenado a solo 2 años de cárcel y con suspensión de la condena, por lesión de confianza, que causó un perjuicio de G. 8.000 millones.
Un quinto juicio está pendiente por desvío de más de G. 1.800 millones de aportes de funcionarios municipales.
El ex intendente de la comuna de Lambaré ya se encuentra tras las rejas para cumplir una pena de 2 años de cárcel por el delito de usurpación de funciones públicas.