Además, el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, ante el juez Penal de Garantías, Raúl Florentín, resalta que el legislador cartista sabía que ese escrito de contenido falso induciría al error sobre la efectiva prestación de los servicios y que esto indefectiblemente acarrearía un perjuicio patrimonial para la institución. Además de conocer estas circunstancias fácticas, las anhelaba por el beneficio económico de los caseros, acota la acusación, en donde además se solicita que el parlamentario afronte juicio oral y público.
Por otra parte, explica que no existían en su momento ningún tipo de causal de justificación para su conducta por lo que se afirma su antijuridicidad. Tampoco se han tenido indicios durante toda la etapa preparatoria sobre algún tipo de impedimento que les haya obstaculizado conocer la antijuridicidad de su conducta, por lo que se puede afirmar que también es reprochable, y, por último, merecedora de sanción penal por no existir circunstancias eximentes de imposición de una sanción penal.
Incluso, según publicaciones de este medio que realizó las investigaciones periodísticas, se prueba que los caseros en horario laboral se encontraban realizando trabajos domésticos en la casa ubicada en Lambaré, con relación a Chaparro, y en el Departamento de Paraguarí, con relación a Franco y Romero. Ambos domicilios estarían vinculados con su jefe inmediato en ese momento, que es Rivas.
HIPÓSTESIS. Asimismo se reforzó la hipótesis con base en el registro de ubicación de llamadas entrantes y salientes remitidas por las empresas telefónicas Telecel SA y AMX Paraguay SA, obtenidos de los teléfonos celulares de los citados funcionarios.
La denuncia habían realizado las abogadas Kattya González, actual diputada, y María Ester Roa Correa, el 1 de marzo de 2017, ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público en su calidad de presidente y secretaria, respectivamente, en ese entonces de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy).
Cabe destacar que Rivas fue imputado en mayo del año pasado por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Sin embargo, el viernes último fue acusado por los dos primeros hechos punibles.
El legislador planteó una cantidad de chicanas dilatorias para anular su imputación, y también buscaba impedir quedarse sin fueros. Ahora podría estar en el banquillo de los acusados, en caso de que el magistrado Florentín decida resolver elevar la causa a juicio oral y público. La autoridad judicial debe fijar fecha para la preliminar.
