CONTRALORÍA. De acuerdo al informe remitido por la Contraloría, la situación jurídica de Yacyretá presenta similitudes a la de Itaipú, ya que la Entidad también promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6763/21, logrando que la Sala Constitucional dictara el auto interlocutorio 40 en febrero de 2022, suspendiendo los efectos de los artículos clave de dicha ley.
Esto impediría llevar a cabo cualquier auditoría en tanto no se resuelva de fondo la cuestión constitucional.
“Con base en este contexto, la CGR considera que iniciar nuevas auditorías sería jurídica y pragmáticamente inconducente, dado que las posturas legales y judiciales de las binacionales son claras y firmes: Rechazan la aplicación de la Ley 6763/21 por considerarla inconstitucional, y niegan el acceso a la información necesaria para el trabajo de auditoría”, se alega desde la CGR.
“Persistir en nuevos intentos, mientras aún están pendientes definiciones clave por parte de la Corte Suprema de Justicia, implicaría una repetición innecesaria de acciones, el uso innecesario de recursos estatales y podría incluso debilitar la institucionalidad del sistema de control público”, indica parte del informe.
El organismo señala finalmente que la mejor vía para destrabar este conflicto es un pronunciamiento definitivo por parte del máximo Tribunal, que clarifique el alcance constitucional del rol de la CGR en el control de los gastos sociales binacionales y defina con certeza el camino que debe seguir la República en materia de fiscalización de los fondos públicos de estas entidades.
Mientras tanto, la binacional de Itaipú lleva adelante seis licitaciones por un total de USD 11 millones sin ningún tipo de control por alguna institución del Estado. Entre estos llamados se encuentra la construcción de sistemas de aguas potables y la adquisición de teléfonos corporativos, entre otros.
