En busca del título de propiedad oculto de Marina Cué. Así podría denominarse la sorpresiva visita que realizaron ayer los senadores Adolfo Ferreiro y Miguel López Perito, de la Concertación Avanza País, a la Dirección General de Registros Públicos, acompañando a los abogados defensores del caso Curuguaty, en un intento por confirmar datos que podrían cambiar la historia sobre el polémico proceso judicial.
“Obtuvimos una fotocopia simple del título de propiedad original de la finca 30 de Curuguaty, que demuestra que las casi 2 mil hectáreas que la familia Riquelme se adjudicó irregularmente en usucapión, fueron donadas al Estado por la empresa La Industrial Paraguaya SA (Lipsa), en 1968, y se inscribieron en los Registros Públicos, a nombre del Ministerio de Defensa, para la Armada Nacional”, explicó el abogado Guillermo Ferreiro, defensor de los campesinos procesados por la masacre de Curuguaty.
Los senadores, junto a los abogados Ferreiro, Vicente Morales, María del Carmen Morales y la escribana Estela Marys Samudio, llegaron hasta la sede de Registros Públicos, sobre la avenida Eusebio Ayala, alrededor de las 10 de la mañana del viernes y pidieron audiencia con la directora, Lourdes González.
Tras una breve antesala, fueron invitados a pasar al despacho de la directora solamente los dos senadores.
SIN RESPUESTA. “La directora de Registros dijo que no nos puede proveer la documentación que solicitamos, por disposiciones internas de la Corte Suprema de Justicia. Es una lástima. Este dato puede ser crucial para el juicio que se está llevando a cabo sobre la masacre de Curuguaty”, informó el senador Adolfo Ferreiro, luego de la reunión.
“Ella aseguró que todos los documentos de que dispone confirman que las tierras son de propiedad del Estado paraguayo y no de la familia Riquelme. Dijo que proveerá los documentos si lo pide el juez, y que estos mismos documentos ya entregó a la Fiscalía, pero la Fiscalía oculta este dato; eso es lo grave”, destacó Ferreiro.
En la fotocopia del título de propiedad que poseen los defensores se lee la anotación marginal: “Donada una superficie de 1.999 hectáreas, 9.975 metros cuadrados, al Ministerio de Defensa Nacional, ver finca 53, número 1, folio 1 y siguientes, de Curuguaty, año 1968”.
La escribana Estela Marys Samudio explica que las indicaciones del documento señalan que hubo una escritura registrada a nombre del Estado, un detalle que la Fiscalía y la Justicia dicen ignorar. “En Registros Públicos no quieren mostrar los documentos, porque si se descubre habrá de que cambiar todo; es una acción que genera responsabilidad”, señala.
MAFIA. “Si se confirma que las tierras se titularon a nombre del Estado, no solo se desmoronan las acusaciones de la Fiscalía en el Caso Curuguaty, sino que probablemente saldrá a luz una gran mafia, que se repartió ilegalmente las tierras del Estado”, asegura Guillermo Ferreiro, quien afirma que seguirán buscando obtener los datos negados.
Por el enfrentamiento armado en las tierras de Curuguaty, que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos en junio de 2011, están siendo procesados 17 campesinos.