La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial “ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense”.
Esos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) y la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más condenaron la desnacionalización y confiscación de bienes.
En una declaración, la CDN-Monteverde condenó “la ilegal decisión de la Corte Suprema de Justicia, al servicio del régimen Ortega Murillo, de despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar los bienes de las 135 personas presas por razones políticas que, por gestiones del Gobierno de Estados Unidos, la semana pasada fueron excarceladas y desterradas a Guatemala”.
Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la ex carcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato –el cuarto consecutivo–, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
VIOLACIÓN A LOS DDHH. ”Con esta acción arbitraria de despojo de la nacionalidad se afecta el gozo efectivo de los derechos humanos y se deja más vulnerables a los 135 presos de conciencia, que ahora se suman al primer grupo de 222 reos y al de 94 personas de diferentes sectores de la sociedad, contra los que en febrero de 2023 se cometió este delito”, reprochó ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.
“A ellos se suman otros cientos de nicaragüenses a quienes de facto también han despojado de la nacionalidad”, agregó.
La CDN-Monteverde advirtió que el gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo, “en su estrategia de persecución política contra las voces disidentes, nuevamente violó los artículos 8 y 9 de la Convención para Reducir la Apatridia de 1961”.
