Eduardo Davis- EFE.
Según la Constitución brasileña, la única institución que puede convocar un plebiscito como el propuesto por la jefa de Estado para realizar la reforma es el Congreso, que este martes recibió una solicitud formal del Gobierno para que inicie el proceso de consulta al respecto.
La Cámara de Diputados deberá decidir si lo convoca, aunque ni siquiera en la mayoritaria base oficialista hay consenso sobre si esa es la vía adecuada para destrabar una discusión que se arrastra en el Parlamento desde hace quince años.
En manos de las cámaras legislativas también estará la definición de las preguntas que serán hechas a los brasileños.
En opinión de la presidenta deberían centrarse en la financiación de los partidos y sus campañas, la reglamentación de las coaliciones, si se mantiene el voto secreto en el hemiciclo y el sistema electoral, entre otros temas.
Y será también el Parlamento el que discutirá la respuesta de la sociedad si se realiza la consulta y legislará sobre la reforma, que Rousseff quisiera ver aprobada en los próximos tres meses, que marcan el límite para que esté en vigor en las elecciones de octubre de 2014.
De modo que, aunque la mandataria dijo que con esa “sugerencia” pretende dar respuestas a los “indignados”, todo ahora dependerá del Congreso, donde la reforma política se ha estancado debido a la resistencia de los propios legisladores a aceptar cambios que les perjudiquen personalmente, según los expertos.
El Legislativo es una de las instituciones más desprestigiadas del país, pues sólo cuenta con la confianza de un escaso 30 por ciento de una población que, en la órbita estatal, sólo declara admiración por el Cuerpo de Bomberos, según una encuesta reciente.
El grito de “no nos representan” que millones de “indignados” han coreado en las calles en las últimas tres semanas estaba dirigido sobre todo al Congreso, que incluso muchos manifestantes intentaron invadir en algunas de las protestas.
Directamente contra el Poder Legislativo también apuntaba la insatisfacción manifestada por los manifestantes por los elevados índices de corrupción y la impunidad que ampara a los culpables de delitos contra el erario público.
Según un reciente informe del portal Congreso en Foco, dedicado a asuntos parlamentarios, 160 de los 513 diputados y 31 de los 81 senadores enfrentan algún proceso judicial.
La semana pasada, la sociedad brasileña vio por primera vez cómo un diputado en pleno ejercicio de su mandato iba a prisión por un delito de corrupción, aunque más de tres años después de haber sido condenado a trece años de cárcel.
Se trata del legislador Natan Donadon, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha), quien hasta ahora había evadido la prisión gracias a diversas apelaciones y que se entregó a la policía tras dos días en fuga.
Otra encuesta divulgada esta semana por la firma Datafolha dijo que el 74 % de los brasileños quiere que se ejecuten de inmediato las penas dictadas el año pasado contra 25 políticos y empresarios condenados en el llamado “juicio del siglo”.
Ese sonado proceso se refirió a un escándalo de corrupción que en 2005 hizo tambalear al Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor y padrino político de Rousseff.
De los condenados, 23 recibieron penas de cárcel y entre ellos hay cuatro diputados que aún mantienen sus escaños, pues están a la espera de que el Tribunal Supremo analice sus últimos recursos y confirme las sentencias.
La corte preveía ejecutar las penas del “juicio del siglo” antes de junio pasado, pero eso quedará pendiente para los próximos meses, pues el Poder Judicial inició hoy un receso de treinta días.
