Así llegamos a la fecha del 20 de julio pasado cuando, según consta en el sistema informático de la Corte Suprema, la doctora Llanes de forma sorpresiva y en vez de enviar el expediente al ministro que le debería preceder en el análisis y posterior voto sobre la causa, el doctor Manuel Ramírez Candia, vuelve a remitir el expediente al doctor Benítez Riera, que ya había votado como preopinante. Pero lo más llamativo de todo es que en la justificación del reenvío se ha indicado que sería para una “revisión”, algo inexistente en el marco procesal vigente. El 26 de agosto pasado, tras una demora particular, es remitido el caso a Ramírez Candia.
El trámite de este expediente llama poderosamente la atención. Ahora la decisión queda a cargo de Ramírez Candia. De su voto depende definir la suerte de la Caja Bancaria. Institución esta que se encuentra en el límite de sus posibilidades administrativas y financieras. Una sentencia a favor de que la entidad pague el IVA podría significar una enorme sangría que repercutirá directa o indirectamente a 90.000 personas.
Un expediente de tamaña importancia no tuvo el trámite de rigor en la instancia judicial superior, lo que hace un flaco favor a la claridad del proceso que, por el trámite expedido, entró en un cono de sospechas.