El documento fue derivado al Poder Ejecutivo. Varios diputados, como el cartista Walter Harms, consideraron que en la práctica no tiene sentido, ya que la ciudadanía canaliza sus propuestas a través de los legisladores. Incluso, propuso reducir aún más el porcentaje requerido, pero no prosperó.
El diputado Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), defendió el proyecto alegando que es bueno contemplar la posibilidad de que la ciudadanía tenga esa vía, y aprovechar la media sanción del Senado para derivar rápidamente, sin modificar, la decisión al Ejecutivo. “La firma de por lo menos el 1% de los electores inscriptos en el Registro Cívico Permanente, identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad civil, cuyas firmas deberán ser recogidas en pliegos proveídos por la Justicia Electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la Capital”, indica el artículo.