El abogado Max Narváez, que representa legalmente al padrastro y a la madre de la niña, confirmó que tomó la decisión, luego de constatar que, supuestamente, los investigadores perdieron la objetividad al cometer presuntas irregularidades.
Una de las que mencionó el profesional es una reunión que el equipo de investigadores habría mantenido con el presidente de la República, donde recibieron indicaciones, y aseguró que esto atenta con lo establecido en la Constitución Nacional, sobre la independencia de los investigadores.
La pequeña lleva desaparecida hace más de cinco meses. La última vez que la vieron fue el 15 de abril de este año, en la vivienda que compartía con su familia en Monte Pacará, Emboscada.
Su madre, que guardaba reclusión en la Comisaría 17ª de mujeres, fue trasladada el miércoles a una penitenciaría, en Encarnación.
Según la organización Ni Un Niño Más, que vela por los derechos de los niños, la mujer tiene información relevante que se niega a revelar.