Un informe de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), correspondiente al primer semestre del año, señala que los principales productos de la canasta básica como lácteos, carnes, harinas, entre otros, sufrieron una variación de entre el 30% al 40%. Las compras semanales o mensuales de productos para el hogar se encarecen y eso afecta directamente al bolsillo de las familias que soportan el incremento de alimentos, combustibles, entre otros rubros, en el contexto de pandemia y deteriora aún más la calidad de vida de la población.
Por esta razón, la acción presentada recientemente por el Gobierno, una iniciativa conjunta con el sector privado puede ser considerada como una buena noticia. El plan de medidas de acción social denominado Añua incluye, entre algunas otras medidas, el abaratamiento de 270 productos de la canasta básica familiar de hasta el 30%; la oferta de productos busca al mismo tiempo desalentar la compra de productos de contrabando.
En el contexto post-Covid que todavía está afectando al país se impone asimismo un sinceramiento sobre cuestiones que afectan a la población, puntualmente el que se refiere al fenómeno del contrabando. Con ligereza se condena a los consumidores de productos ingresados al país en forma ilegal, sin embargo se debe reconocer que miles de familias no hubieran podido sobrevivir al momento más crítico de la pandemia si no hubieran podido acceder a medicamentos más baratos de las ciudades de frontera, sin eso sus pacientes no solo hubieran sucumbido a la enfermedad sino que las familias habrían terminado endeudadas, considerando el elevadísimo gasto de bolsillo para la compra de medicamentos e insumos que supone el Covid, y que los hospitales públicos no proveían a los pacientes.
El Estado debe atender a las necesidades de la población, con políticas públicas, con acciones directas y medidas sociales. Velar por los intereses de los consumidores debe ser tarea del Gobierno, especialmente cuando la crisis económica derivada de la pandemia aún no ha sido superada, y la población todavía debe sobrellevar la pérdida de sus empleos y de calidad de vida.
El abaratamiento de la canasta familiar, cuando solo faltan unas semanas para la Navidad, es una buena señal, el país necesita recordar algunos matices positivos que se vivieron en los peores momentos de la crisis del Covid. Cuando hace más de un año se decretó el confinamiento de la población los más afectados fueron los trabajadores informales, así como los sectores más humildes de zonas precarias de la capital y del área metropolitana. En esa ocasión surgieron las ollas populares, una iniciativa de la sociedad que rescató uno de los valores más importantes: la solidaridad, y gracias a eso miles de familias no pasaron hambre. La solidaridad durante la pandemia suplió en muchos aspectos y ocasiones al ausente Estado paraguayo.
La acción va a beneficiar a compatriotas afectados por la crisis que trajo aparejada la pandemia del Covid; y es de esperar que esta iniciativa pueda significar un compromiso real del Estado para con los siempre ignorados consumidores. Ojalá este Añua sea duradero.