La especialista participó el pasado miércoles 29 de marzo en el Seminario Internacional sobre Protección Social y Finanzas Públicas, que se organizó en el país con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con el apoyo de la Unión Europea y el Gobierno local.
En Paraguay solo el 25% de las personas están cubiertas por algún tipo de programa de protección social, mientras que en países de la región el promedio llega al 64%, que sigue siendo menor al de países europeos, según datos de la Unión Europea y de Unicef.
“La protección social debe ser vista como una inversión, no como un gasto. Es lo que tenemos también que preguntarnos, qué podemos hacer para mejorar esto”, refiere la profesional, con más de 20 años de experiencia en este tipo de programas en Latinoamérica.
Uno de los caminos para esta mejora de la protección a los sectores más vulnerables es hacer más eficiente el gasto público, algo que permita incrementar el presupuesto por ejemplo en salud y en educación en todo el país.
“Necesitamos hacer un espacio de más para generar ingresos que soportan lo que es financiar una protección social universal que queremos llegar”, agrega.
Menos desigualdad. Otro de los valores de la protección social es que apunta a la equidad. “Una familia que es apoyada mediante un programa de transferencias, por ejemplo, tiene mayores posibilidades –en algunos casos son condicionados– de enviar a sus hijos e hijas a la escuela”, dice Rubio.
Recuerda que en Paraguay existen 457.000 niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo.
Sobre los programas de transferencia como Tekoporã en el caso local, la especialista apunta a que en toda la región hay un antes y un después. “Estos programas son productos latinoamericanos de exportación que después se copiaron en Europa y en todo el mundo”, afirma.
Estigma. Para Rubio otra cuestión es modificar la versión de que estos apoyos o programas de protección son “asistencialistas”.
“A través de esto se crearon herramientas para focalizar y conocer a las familias para saber quiénes eran las vulnerables o sistemas de información que permitan llegar hasta ellas”.
Incluso –cuenta– permitió saber después qué pasa con las trayectorias de las familias, a través de los sistemas de monitoreo y evaluación que son usados.
“Son instrumentos multiplicadores fiscales que en el corto plazo inclusive el rendimiento es dos o tres veces superior al gasto que se está realizando en la actualidad”, remarca Rubio. Autoridades locales e internacionales también participaron del debate.
Experta de Unicef resaltó la importancia de incrementar la fiscalidad para mayores políticas sociales como, por ejemplo, para poblaciones de 0 a 15 años que están fuera del sistema educativo en el país.
La protección social en Latinoamérica es un producto de exportación a Europa y para todo el mundo por su funcionamiento.
Necesitamos hacer un espacio para mejorar la eficiencia de lo público y aumentar el programa social.
Mónica Rubio,
asesora regional de Unicef.