En vista de que tenemos muchos casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, se necesitan penas ejemplares, refiere Ramírez y pretende que se analice un cambio en el artículo 14 del Código Penal, inciso 1º, numeral 14, primero en cuanto al concepto de los que desempeñan función pública.
CONCEPTO. Explica que la modificación va primero por el concepto, a los efectos de definir a quién afecta la norma, quién ejerce la función pública, ya sea a través de una resolución o incluso ad honórem, lo que no abarca la ley actual.
Los que no reciben remuneración, pero de igual manera trabajan en la función, conforme a la aplicación de la ley, están exentos de responsabilidad porque en ella se especifica que funcionario es aquel remunerado. “Si cometés un hecho dentro de esa responsabilidad, por qué no se te va a poder castigar como funcionario”, señaló.
Con esto, busca ampliar el concepto a funcionarios políticos, fiscales, judiciales, administrativos o de carrera, interinos, temporales y contratados, ya que según la fiscala, muchos utilizan la restricción de la ley para zafar la pena.
PENA. También propone un aumento en el marco penal. “Con esto, van a tener que aplicarle la prisión preventiva y tampoco van a tener salida en la audiencia preliminar, o sea que van a ir sí o sí a juicio oral”, refirió, algo que no sucede con los funcionarios, puesto que en la audiencia preliminar se les da una suspensión condicional por 2 años, cuando culmina este plazo, ellos terminan con un sobreseimiento definitivo otra vez.
“Eso te dice que el día de mañana pueden presentar sobreseimiento definitivo y decir ‘yo no tuve nada que ver’”, señaló.
Considerable aumento. Lo que pretende modificar es toda la parte de hechos punibles cometidos por funcionarios, como la lesión de confianza, que es hasta 5 años, y aumentar el marco penal de 5 a 20 años cuando es un intendente, gobernador, diputado, senador, entonces la pena deberá ser mayor, según la proyectista.
Refiere que hay muchos ejemplos, como lo que ocurrió con Nelson Aguinagalde, ex senador, que se benefició con prescripción, con los informes técnicos que había en la causa, y como el fiscal anterior no pidió desafuero, imputó y el plazo corrió y prescribió la causa.
“Si un caso va a juicio, termina como la causa de Bogado. Por la expectativa penal se le da suspensión de la ejecución de la condena. En realidad, nunca terminan castigados”, sentenció.
