Por Gloria Ayala Person, presidente de la ADEC
La identificación de los propietarios de bienes y derechos, es decir, inmuebles, marcas, patentes, rodados, maquinarias, acciones, tecnología, equipamiento, insumos, mercadería, documentos a cobrar e inversiones, es clave para conocer el patrimonio de una persona física o jurídica y, por lo tanto, respetar la propiedad privada.
La propiedad se comprueba a través de documentos que podrían ser una escritura, un recibo o una factura. Algunos bienes, usualmente los más relevantes en cuanto a montos, son inscriptos en registros públicos, lo que permite la trazabilidad en caso de venta o transferencia, e involucran obligaciones propias de conservación e impuestos.
La posibilidad de que una empresa genere riqueza y cree puestos de trabajo se basa en el concepto de propiedad privada y se sustenta en la seguridad jurídica, desde la Revolución industrial el poder económico de la empresa se ha basado en la propiedad de los bienes de capital y sobre ellos se ha conformado el trabajo empresarial para obtener lucro, motor esencial del progreso y la libre competencia.
Cuando la concentración del poder económico se produce de una manera tan determinante que resulta en una forma de dominación sobre la actuación social, cultural y política, llegando al punto que hasta las funciones públicas se colocan al servicio de los económicamente poderosos, es cuando se produce una malformación del sistema que podría atentar contra la armonía, convocando peligrosamente a la lucha de clases, entre el sector de los que poseen y el de los desposeídos.
Siendo los empresarios paraguayos observadores del avant premier de una película anunciada, porque se repite una tras otra en diversos países de la región, no podríamos menos que reaccionar ante los sucesos, evitando caer en una simplista e individualista concepción de protección de propiedad privada que distorsiona el genuino concepto de producción, siendo clave la defensa de la seguridad jurídica, condición sine qua non para la prosperidad económica y social.
Cuando la confianza en las instituciones se encuentra dañada, se debe fortalecer la transparencia en la información, de forma tal a respaldar a quienes de manera honesta y a costa de trabajo decente han desarrollado sus empresas y su fortuna, pues ellos debieran gozar del derecho a la protección de sus propiedades y a la seguridad jurídica que les permita seguir invirtiendo y generando empleos en nuestro país.
La organización social que corresponde a la república donde a través de un sistema democrático se protege la libertad individual y el derecho a la propiedad privada debiera ser un blindaje contra gánsteres que bajo banderas de supuestos beneficios colectivos operan oscuros intereses particulares, protegidos por andamiajes corruptos que nacen de acuerdos bajo la mesa.
No cuestiono el régimen económico, solo me atrevo a alertar sobre el poder político manejado por la estructura económica, considerando prioritario el desarrollo de empatía empresarial y la transparencia económica como base para generar nuevas formas de gestión, registro y defensa de la propiedad privada. Dios nos proteja.