Se trata de Éver Otazo, quien había sido condenado a tres años y medio de cárcel, quien a través del abogado Rodolfo Aseretto planteó el hábeas corpus donde señaló que estuvo seis meses preso y que luego le impusieron medidas restrictivas hace 8 años, por lo que era preso “sambukú”, y pidió prescribir la acción penal.
El juez Gustavo Amarilla, que interinaba a su colega Humberto Otazú, rechazó el hábeas corpus, ya que el mismo no estaba preso. Es más, tenía orden de captura para que se presentara a cumplir con su condena.
En el caso, habían desviado G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, ubicadas en Presidente Hayes, Chaco.