EFE
BRASILIA - BRASIL
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, se preparó ayer para la comparecencia de hoy, lunes, en el Senado, en la que se defenderá en persona en un último intento de evitar su inminente destitución.
Esta será la primera vez en la que Rousseff acudirá al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra en diciembre para refutar los cargos de los que se la acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015. Esas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que, según la acusación, equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución.
La acusación considera que esas operaciones suponen un delito de responsabilidad, que la Constitución contempla como motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega la irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares. La suerte de la primera presidenta está en manos de 81 senadores y si 54 de ellos votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, y quien ejerce la jefatura de forma interina desde el 12 de mayo. En ese caso, Temer se mantendría en el poder hasta el 1 de enero de 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones de octubre de 2018, pero si el Senado vota en sentido contrario, Rousseff recuperaría la presidencia de forma inmediata.
El cambio en la presidencia supondría además un fuerte viraje político, que ya fue palpable en estos meses, puesto que Rousseff defendía un fuerte gasto social y el Gobierno de Temer prepara drásticos cortes presupuestarios, privatizaciones y recortes en derechos laborales para hacer frente a la honda recesión que atraviesa el país.