La denuncia dice que la senadora ha violado todas las normas constitucionales por ser propietaria, conjuntamente con su marido, de una empresa denominada Nihon Gakko.
“Según sus propias expresiones en prensa radial y escrita, la misma ha señalado que explota servicios públicos y tiene concesiones con el Estado, según contrato firmado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para otorgar cursos de actualizaciones en la Universidad Nihon Gakko”, dice la nota, firmada por el abogado Juan Prieto, como representante.
El gremio señala que la legisladora rompe el principio de igualdad en el concurso para el cargo dentro de la máxima instancia electoral, y por este y otros motivos, solicitan que se lleve adelante el proceso de pérdida de la investidura.
En el documento se menciona el artículo 196 de la Constitución Nacional, que establece que ningún senador o diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas, por sí o por interpósita persona.
También el artículo 197, numeral 6, el cual dice que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado.
Denuncia. El Consejo de la Magistratura (CM) recibió el pasado 31 de marzo una denuncia en contra de la senadora por parte del mismo grupo, pero aún no lo ha publicado en la web dedicada al proceso de selección, ya que la misma aún no presentó su descargo, según explicaron en el organismo.
Las denuncias son tratadas durante las audiencias públicas donde deben exponer los candidatos y responder a los cuestionamientos presentados en el proceso.