En un intento por hacer frente a la vieja legislación y facilitar el comercio vía fluvial, se emitió el decreto N° 3154 que establece que la Prefectura Naval ya no podrá hacer inspecciones ni emitir certificados estatutarios de las embarcaciones inscriptas en la Marina Mercante. Sin embargo, la dependencia militar ignora esta disposición, hostiga al sector naviero y cobra tasas que ya no corresponden.
La disputa de la Prefectura Naval tendría como objetivo la recaudación de alrededor de G. 1 millón por embarcación, teniendo en cuenta el arancel y el pago de viático del inspector. Si se calcula sobre toda la flota habilitada por la Marina Mercante, se trata de más de G. 2.000 millones.
“Hoy en día hay una cantidad de expedientes trancados en la Prefectura, que se niega a respetar esa disposición del decreto y exige a los armadores nuevas inspecciones, nuevos costos y nuevos certificados de navegabilidad, pagándose, cuando en realidad el decreto lo que dice es que si tiene una certificación internacional de firmas reconocidas en Marina Mercante, ya la Prefectura no hace inspecciones”, detalló el abogado Raúl Prono, especialista en Derecho Marítimo.
Además de este problema interno, se refirió a la importancia de crear una nueva ley general de navegación, que derogue tanto la adopción del Libro Tercero del Código de Comercio Argentino, como el Código de Navegación Fluvial y Marítimo del Paraguay, que no responden a las necesidades actuales. Al respecto está trabajando en un proyecto que podría presentarlo en unos ocho meses para su tratamiento en el Congreso Nacional.
