El legislador está acusado por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Su juzgamiento debía empezar hoy martes 15 de noviembre, pero por la superposición de juicios, se tuvo que suspender.
En principio, el juzgamiento se había iniciado el 2 de julio pasado, pero fue suspendido por una recusación a los jueces, sumado a que la Sala Constitucional de la Corte había solicitado el expediente principal.
El Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel, fijaron para los días 16 y 17 de marzo del próximo año.
La presidenta del Tribunal, Elsa García, preside actualmente el juicio oral contra los ex ministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy, lo que hace que sea imposible que se inicie la audiencia contra el ex diputado.
Por este motivo, finalmente, optaron por la suspensión del juzgamiento del legislador colorado, candidato otra vez para las próximas internas de la Asociación Nacional Republicana, con miras a las elecciones generales.
EL CASO. En la causa, la fiscalía acusó a Cuevas que, entre el 2009 y 2019, los ingresos percibidos por el congresista totalizaron más de G. 5.734 millones, mientras que los egresos suman G. 7.439 millones, por lo que hay una diferencia negativa de G. 1.705 millones.
Con ello, lo acusaron por supuesto enriquecimiento ilícito. Además, en cuanto a la supuesta declaración falsa, los fiscales señalan que el político tuvo varias declaraciones juradas, donde declaraba deudas a cobrar que no existían.
En la misma causa, la esposa del diputado, Nancy Florentín de Cuevas, está acusada por supuesto cobro indebido de honorarios. La acusación refiere que hay evidencias de que percibió salarios sin que haya ido a trabajar, en el año 2018.
Es más, la acusación fiscal remarca que según las pruebas, “la acusada logró percibir asignaciones sin tener derecho”. En el año 2018, habría recibido salario en una escuela a la que no asistió, por lo que se configuró el hecho punible de cobro indebido de honorarios.
Con estos cargos, el fiscal Luis Piñánez, que estará en el juicio oral, defenderá la acusación del Ministerio Público.
En principio, la pena por el cargo de enriquecimiento ilícito es de 1 a 10 años de cárcel, pero con el concurso de delitos, la pena, eventualmente, podría ir hasta los 15 años.
La defensa tiene pendiente una acción de inconstitucionalidad, lo que hizo que la Sala Constitucional solicitara en julio de este año, el expediente para estudiar la cuestión planteada.