El objetivo de la Comisión es analizar el estadio en el que se encuentra el acuerdo suscrito con la citada firma y que actualmente se halla bajo la modalidad de mediación de Harvard Negotiation Project.
Los diputados sostienen que en la deuda contraída se encuentran entretelones que necesariamente deben ser investigados por sus graves consecuencias, pues ante el eventual incumplimiento del laudo existe el riesgo de un embargo de los activos del Estado. El laudo fue dispuesto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
La Cámara de Senadores deberá analizar el proyecto y una vez sancionado, la Comisión se conformará con tres legisladores de cada Cámara.
Con la investigación, los legisladores pretenden establecer el nivel de responsabilidad de las personas encargadas en su momento de firmar el contrato y posteriormente dejarlo sin vigencia, creando una millonaria deuda al Estado.
A la fecha de la suscripción del acuerdo y la rescisión del mismo, eran autoridades nacionales el ingeniero Juan Carlos Wasmosy y Rubén Fadlala, en carácter de presidente de la República y director de Aduanas, respectivamente. Entretanto, Orlando Bareiro se desempeñaba como ministro de Hacienda, Luis Vera Cañiza en carácter de viceministro de Administración Financiera y Jorge Ramírez era el abogado del Tesoro.
DEUDA. Según los antecedentes, la deuda tiene su origen en un contrato de servicios suscrito por el Estado paraguayo con las firmas SGS y BIVAC en el año 1996. El servicio que debió prestar la citada empresa consistía en servicios técnicos de inspección preembarque con el supuesto objetivo de optimizar el volumen de recaudación impositiva y mejorar los mecanismos para el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas a operaciones de importación.
Luego del cumplimiento del plazo de vigencia del citado contrato, se produjo su extinción en el mes de junio de año 1999. Sin embargo –en realidad– el Estado decidió no renovar el contrato a las firmas, fundado en el incumplimiento del servicio contratado.
Ovelar expresó que resulta de singular importancia la determinación adoptada –tanto por acción u omisión– por los distintos funcionarios que tomaron intervención a lo largo del proceso y más específicamente los distintos titulares de la Procuraduría General de la República.
Al término del contrato, en 1999 las deudas alcanzaban aproximadamente 11 millones de dólares.
DIFERENCIAS. El pago de la deuda por parte del Estado paraguayo, generó incluso roces entre el actual procurador general de la República, Roberto Moreno, y el ministro de Hacienda, Germán Rojas, debido a que el proyecto remitido en su momento por el Ejecutivo, incluía también un pago de USD 21,5 millones a la firma BIVAC, sin que el trámite judicial esté finiquitado. Moreno se opuso al pago a esta firma, postura apoyada por los diputados que aprobaron solamente el pago a SGS.