La ponencia pide anular la resolución de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar), encargada de ejecutar la política del Gobierno en esta materia, que le otorgó derechos sobre los tesoros del San José a Glocca Morra Company, que a su vez los cedió a la cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA), señaló el diario El Tiempo.
El legendario galeón San José fue hundido por una flota inglesa el 8 de junio de 1708 en cercanías de Cartagena de Indias, hacia donde se dirigía cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el 4 de diciembre de 2015 que el pecio del San José fue hallado una semana antes, el 27 de noviembre, en el fondo del mar Caribe.
La ponencia, según el diario, afirma que deben ser amparados “los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural de la Nación, en especial al patrimonio cultural sumergido”.
La resolución de la Dimar le quita derechos a Colombia sobre el San José y por eso la ponencia enfatiza en que esos derechos están amenazados y en peligro por la resolución 354 del 3 de junio de 1982, que reconoció “en calidad de denunciante de tesoros y especies náufragas” a la sociedad Glocca Morra Company.
Igualmente agrega que la Dimar incurrió “en abuso o desviación de poder que vulnera directamente los principios constitucionales, convencionales y ‘corpus iuris’ de protección al patrimonio cultural sumergido”.
El documento es parte del estudio de una acción popular instaurada por Antonio José Rengifo en 2002 a propósito de una larga pugna entre Colombia y la Sea Search Armada que tomó relevancia luego de que el Gobierno colombiano anunció el hallazgo del galeón hundido.
Tras el hallazgo, España ha reclamado derechos sobre el galeón ya que era un “barco de Estado” y como tal cuenta con inmunidad soberana, reconocida por el convenio de Naciones Unidas de derecho del mar.
Sea Search Armada reclamó en 1989 “el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental” o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un reporte confidencial de 1982.
Un juez de Barranquilla determinó cinco años después que los tesoros corresponderían en un 50 % a Colombia y en otros 50 % a la compañía Sea Search.
Sin embargo, de ser aprobada esta ponencia del Consejo de Estado, quedaría sin piso esta decisión.
