La fiscala Natalia Cacavelos acusó a dos suboficiales, por haber supuestamente hurtado municiones de la Armería de la Comandancia de la Policía, en setiembre del 2022, que luego fueron vendidas en la zona de Pedro Juan.
Se trata de los suboficiales Luis Alberto Zelada Echagüe y Cristhian Daniel Ramos Agüero, quienes habrían robado 2.500 municiones sin percutir, calibre 9x19 mm.
Fueron acusados por hurto agravado, detentación y tráfico ilícito, ya que pudo constatar que los policías habrían intermediado para vender posteriormente los cartuchos en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
FALTANTES. El 17 de setiembre del año pasado, fue el día en el que se sacaron estas municiones de la Armería de la Comandancia, ubicada sobre las calles Paraguayo Independiente y Chile, de la ciudad de Asunción.
El hecho ocurrió entre las 7.00 y las 10.00 de esa fecha, cuando el suboficial inspector Ramos se encontraba cumpliendo funciones en Armería de la Agrupación de Seguridad, según antecedentes.
La acusación revela que se valió del acceso que tenía y fue trasladando por tandas presuntamente los 2.500 cartuchos hasta su vehículo particular.
Ese mismo día, Zelada –estando de reposo– habría llegado y requerido la entrega de las municiones, “comprometiéndose a abonar a Ramos G. 8.000.000. Una vez en posesión de los mismos habría abandonado el sitio”, sospechan.
Según confirmaron los policías, estas municiones resguardadas pertenecían al Programa de Operaciones contra grupos criminales.
Presuntamente ambos tuvieron conversaciones telefónicas sobre el robo de los cartuchos, el pago acordado y la forma en que iban a dar el dinero.
Recién unos días después, el 21 de setiembre, luego de una verificación de rutina de la Agrupación de Seguridad y del encargado de la Verificación del Inventario de Armas, Equipos y Municiones, se dan cuenta del hecho y hacen la denuncia.
LOS PAGOS. El pago acordado supuestamente fue de G. 8 millones. El primer pago se hizo luego de la entrega de los cartuchos, según la acusación.
Esto fue por la suma de G. 1.000.000 y quedó pendiente la entrega de los G. 7 millones restantes.
La fiscala ahora pide por este hecho que ambos suboficiales enfrenten juicio oral y público.