El sector de Hagamos en el Senado presentó un pedido de informes ante denuncias sobre el funcionamiento de otra clínica, esta vez dentro del Poder Judicial.
La que abiertamente hizo referencia a esa situación fue la senadora Desirée Masi durante el tratamiento del proyecto que desmanteló el minihospital en Diputados.
En ese momento, Patrick Kemper intervino para informarle que ya se pidieron datos sobre esa dependencia.
En el pedido de informes se solicita a la Corte Suprema de Justicia la nómina íntegra de funcionarios y profesionales de blanco tanto permanentes como contratados y comisionados a su cargo.
Además, se solicitan detalles sobre la antigüedad, el salario, gastos de representación, bonificación, viáticos, profesión, horario de jornada y días de jornadas laborales que cumplen cada uno.
Se pide también un informe pormenorizado sobre si el Poder Judicial posee un seguro médico privado para funcionarios permanentes, contratados y comisionados.
Sobre el punto, tienen que especificar el monto que se abona en dicho servicio por funcionario y en su totalidad, así como el tipo de plan de cobertura y la antigüedad de años respecto al servicio.
Otra solicitud es sobre el seguro odontológico, con las mismas consultas sobre el monto y el tipo de plan.
De acuerdo a la resolución, la Corte también debe aclarar si posee alguna Dirección Médica o Enfermería dentro de la institución y detallar los funcionarios que cumplen funciones y sus horarios.
salud pública en crisis. En la exposición de motivos, los proyectistas alegan que se sustentan en denuncias ciudadanas y medios de comunicación sobre la falta de profesionales de blanco en distintas regiones del país.
Se argumenta la necesidad de ejercer un control en cuanto al desempeño y distribución en distintos sectores.
Se toman como puntos de referencias algunos casos citando específicamente el del Hospital San Juan Bautista, en Misiones, en donde hay un servicio de urgencias las 24 horas, y un solo médico tiene que hacer de guardia en urgencia y clínica a la vez.
Como otro ejemplo se menciona a Nanawa, ciudad fronteriza con Argentina, que cuenta con una población de 7.000 habitantes, pero no tienen hospital materno infantil.
Se indica que existe una infraestructura edilicia, pero faltan cuatro médicos más y cuatro enfermeras para una atención de 24 horas.
Se trae a colación que las mujeres compatriotas tienen que trasladarse hasta Clorinda para dar a luz y sus hijos son inscriptos como argentinos.
“Estos son solo algunos datos que denotan la realidad en cuanto a salud pública dentro del territorio nacional, donde no se cuenta con médicos que pueda brindar una asistencia primaria, lo cual causa una preocupación de interés nacional”, indica el proyecto.
Se sostiene que la falta de este recurso humano genera una transgresión al derecho de la salud como lo establece la Constitución Nacional.
La propuesta lleva la firma también del otro senador de Hagamos, Gilberto Apuril.
En caso de que el Senado apruebe entonces se remite a la Corte y debe responder en un plazo de 15 días.
