Indicaron que existen motivos para contemplar la posibilidad de que los elementos importantes que comprometan a la pareja sean destruidos u ocultados.
Además, solicitaron la realización de diligencias como el allanamiento de la sede de la Municipalidad para resguardar las documentaciones; que se libre oficio al Banco Nacional de Fomento (BNF) para conocer la ruta de los cheques emitidos a unas comisiones creadas para ejecutar fondos de la Comuna en obras, que según los denunciantes es el modo de operar para desviar los recursos; dictar un pedido a talento humano de las instituciones de donde provienen los miembros de estas comisiones, que son Ministerio Público, Poder Judicial, Cámara de Diputados y Ministerio de Desarrollo Social, para saber si son funcionarios permanentes o contratados; verificar las obras sospechadas como inexistentes; y, por último, pedir los nombres de los propietarios de las empresas Atlantic Construcciones y Equipamientos, MMS Consultora e Ingesur Construcciones y Consultoría.
LA DENUNCIA. La jefa comunal fue denunciada por lesión de confianza, estafa, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
El Ministerio Público abrió una investigación que está a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
La jefa comunal es además presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Lleva tres periodos al frente del Municipio, desde el 2005, y su administración despertó varias sospechas luego de que fuera obligada a presentar su ejecución presupuestaria del 2019, y un grupo de concejales reclamara la falta de documentos respaldatorios de los gastos, ya que se encontraron obras que no fueron ejecutadas, como un monolito; reparación de arcos y compra de redes para dos clubes, los cuales desmintieron haber recibido la asistencia; un empedrado, entre otras.
Rivas operó intensamente para dar vuelta las posturas de varios concejales que exigían el rechazo del balance, que finalmente tuvo sanción ficta.
Los denunciantes temen que el caso quede impune atendiendo al poder del diputado, que logró no ser destituido en la Cámara Baja y dilatar el caso caseros de oro por el que está imputado por estafa y cobro indebido de honorarios. Está pendiente su audiencia preliminar, postergada por la pandemia.