Economía

Petropar: Fiscalía podría abrir causa por lesión de confianza

 

Lesión de confianza y evasión de impuestos son los tipos penales que el Gobierno considera que, de acuerdo a la denuncia que se presentó ante la Fiscalía, se cometieron durante la administración de Eddie Jara al frente de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).

Hace unos días, la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Teresa Rojas; el asesor de la Presidencia de la República en transparencia, Carlos Arregui; y el auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo Olmedo, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia contra personas innominadas, con base en la auditoría practicada a Petropar, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y hasta setiembre de 2018.

La figura de lesión de confianza es castigada con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

La Fiscalía de Delitos Económicos se encuentra analizando la apertura de una causa. De ordenarse la investigación, deberá ser designado el agente fiscal que tendrá a su cargo la causa.

La auditoría fue realizada por Arregui y reveló una serie de irregularidades en la administración de la petrolera estatal, que comprometen seriamente a Eddie Jara, ex presidente de Petropar durante el gobierno de Horacio Cartes.

RESULTADOS. Un perjuicio patrimonial superior a G. 30.000 millones para Petropar fue detectado por la auditoría practicada por la Unidad de Transparencia que encabeza Arregui.

El pasado 2 de enero el presidente Mario Abdo Benítez recibió un informe pormenorizado de las irregularidades detectadas y, posteriormente, encargó a la Senac preparar la denuncia penal.

La auditoría abarcó los años 2016, 2017 y hasta setiembre de 2018, y alcanzó a 32 de las 150 estaciones de servicio que operan bajo el emblema de la empresa pública. No se descarta que el perjuicio sea mayor, teniendo en cuenta que la auditoría no abarcó a todas las gasolineras.

La entrega de bienes de Petropar sin garantías en contrato de comodato y la entrega de combustibles pagados con cheques diferidos y rechazados figuran entre los perjuicios.

Entre las deficiencias documentales encontradas se citan informes de Informconf no visualizados, incumplimiento de procedimientos administrativos para la concesión del negocio e incorporación de operadores externos a la red de estaciones de servicio con emblema Petropar.

Se reveló además que la petrolera no pagó a Hacienda G. 519 millones en impuesto selectivo al consumo, entre noviembre y diciembre de 2017.

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