Con la caída de la dictadura stronista se elaboró una nueva Constitución Nacional, que pretendiendo evitar que otro presidente intente perpetuarse en el cargo, concentró el poder en manos del Parlamento.
Tienen la ventaja de ser intocables, por el hecho de que ellos mismos cuentan con la posibilidad de autoblindarse y, además, de ser reelectos en el cargo de forma indefinida.
Los parlamentarios, tanto diputados como senadores, pueden destituir a otros poderes, incluyendo al presidente de la República y a los ministros de la Corte.
La herramienta a la cual recurrieron ya en varias ocasiones dentro de la era democrática es justamente el juicio político, utilizado a veces de manera selectiva y como presión y garrote.
En lo que respecta a los legisladores por causas de mal desempeño de funciones o tráfico de influencias, necesariamente son ellos mismos los que tienen que aplicarse una determinada sanción.
Esto a través del desafuero, que son contados los casos, y la pérdida de investidura que por primera vez tuvo vía libre desde el año pasado, pero se aseguraron hasta el momento de que no vuelva a suceder.
Los ex senadores Óscar González Daher, del cartismo, y Jorge Oviedo Matto, del Unace, fueron los destituidos, pero fueron reelectos. Ante la presión ciudadana, volvieron a quedar sin sus bancas.
Los partidos tradicionales, ANR y PLRA, junto con algunos sectores aliados, habían conseguido una ley de blindaje que luego quedó sin efecto, pero volvieron a reactivar la posibilidad esta vez para salvar al diputado liberal Carlos Portillo. Son varios los parlamentarios que siguen en la mira de la justicia, pero se escudan en el corporativismo.
casos de juicio. El primer caso se dio con el ex presidente Raúl Cubas Grau, en medio de una crisis política generada por el extinto Lino Oviedo.
El contexto gira en torno al Marzo Paraguayo de 1999, tras el asesinato del entonces vicepresidente de la República Luis María Argaña, y una movilización ciudadana que terminó en una tragedia con el asesinato de varios jóvenes.
Ante su inminente destitución vía juicio político, Cubas terminó renunciando, y asumió en su lugar siendo presidente del Congreso Luis Ángel González Macchi.
Otro juicio político presidencial fue el del actual senador Fernando Lugo en el 2012, por un conflicto de tierras en Curuguaty.
Se desarrolló una masacre en la que murieron campesinos y policías, y hasta hoy sigue la incertidumbre sobre lo que realmente pasó.
En el Congreso se realizó un maratónico juicio político a Lugo, que concluyó con su destitución del cargo.
En el 2003, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos se dieron los primeros casos de juicio político a ministros de la Corte, dentro de su plan de pulverizar a los miembros del Poder Judicial.
Fueron sentenciados y destituidos Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ávalos. Luis Lezcano Claude optó por renunciar al cargo.
Recientemente, concluyó el proceso de enjuiciamiento de Sindulfo Blanco, quien fue condenado y destituido por la Cámara Alta a menos de un mes de cumplir los 75 años para su jubilación.
En la Contraloría también se dio el juicio político a Rubén Velázquez, en el 2015, por irregularidades y la polémica secretaria vip. Este terminó renunciando. Actualmente, está pendiente el juicio al contralor Enrique García.