Pero la presión internacional para que nuestro país se legalice sigue en aumento. La evaluación del Gafilat se postergó por la pandemia pero no se deja sin efecto. Esta evaluación no solo juzgará si se implementó la estructura legal para el verdadero combate a la corrupción (que siempre implica lavado de dinero), sino también buscará evidencias concretas de condenas firmes, de cantidad de personas cumpliendo penas carcelarias. En general, se buscarán hechos concretos, y en eso no convencemos.
La realidad casi siempre es una conjunción de inesperadas situaciones. Por un lado, conjugamos un país con una deuda que rápidamente se disparó al 30% del PIB, un déficit publico abismal. Y así incumplimos nuestra promesa de respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal que la hicimos al mercado internacional al colocar tantos bonos. Tenemos una suprema necesidad de acceder a los mercados internacionales para financiarnos. Por otro lado, nos llega el difícil examen del Gafilat, que si no pasamos el acceso al mercado internacional será mucho más complicado de acceder, tanto para el Estado como para el sector financiero. O sea, cuando más vulnerable estamos necesitando financiamiento, nos podemos aplazar en el compromiso de combatir la corrupción porque sin “condenados y encarcelados” por esa causa nadie nos va a creer.
Ahora más que nunca como sociedad tenemos que evidenciar nuestra convicción con acciones concretas. Las empresas de maletín, hechas para ganar fraudulentas licitaciones, deben terminar con condenas ejemplares tanto a los “beneficiarios finales” como a los “funcionarios públicos” cómplices y tan culpables cuanto de estos hechos. La DNCP, además de anular licitaciones por irregularidades, debe ordenar a las convocantes que estas separen de sus cargos a los funcionarios cómplices que aprobaron las irregularidades. Y también debe comunicar a la Fiscalía para que de oficio inicie las investigaciones en un contexto penal. Así como un ciudadano común, cuando intenta robar un comercio y es capturado fragrante en el intento, enfrenta un proceso penal, también un funcionario público que intenta defraudar al Estado bajo una fachada de una adjudicación irregular, comete un hecho de lesión de confianza. Y, por tanto, debe de la misma forma ser procesado. Que la ley sea efectivamente igual para todos.
En un mundo globalizado, todos los países están cada vez más interconectados y especialmente a través del sector financiero. Lo injusto –pero real– es que no se les sancionan tan duro a los grandes y fuertes, pero sí a los pequeños como nosotros, que si dejamos de existir a nadie de afuera le va a doler.
Entonces, podemos terminar recibiendo una severa y ejemplar sanción de la comunidad internacional, sabiendo que por lo pequeño que somos no traerá consecuencia a nadie en el mundo, solo a nosotros mismos. En definitiva, combatir la corrupción más que un tema de imagen país, es ahora un tema de financiamiento país.
