Paraguay está avanzando lentamente hacia una mejora en la institucionalidad necesaria para mejorar la seguridad jurídica en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Cada cierto tiempo se somete a una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).
En 2022 fue la última evaluación realizada a su desempeño durante el periodo 2015-2021. Gafilat analizó los avances en 11 resultados, de los cuales uno de los resultados recibió la nota “sustancial”, nueve recibieron la nota “moderada” y el resultado 7 Investigación y procesamiento del lavado de activos, en el que son responsables el Ministerio Público y el Poder Judicial, tuvo la calificación de “bajo”.
El magro desempeño en el resultado 7 se debe a la escasa cantidad de sentencias condenatorias de lavado. Apenas 30 sentencias frente a alrededor de 750 informes de inteligencia generados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Estas sentencias son, además, poco relevantes, teniendo en cuenta la existencia de muchos casos emblemáticos por los montos y la complejidad involucrados.
Los logros anteriores se dieron gracias al esfuerzo realizado por numerosas instituciones, en particular de la Seprelad, revirtiendo un desempeño anterior que podría señalarse como negativo en el mejor de los casos.
Años antes, en el 2008, luego de una evaluación similar realizada en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país entró a una lista gris por las deficiencias que tenía en su sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
En el 2012 volvió a salir gracias a la aprobación de varias leyes; sin embargo, a partir de ese año los riesgos empezaron a aumentar debido a los escasos resultados derivados de la persistencia de fallas en el Poder Ejecutivo en su capacidad para detectar y controlar actividades riesgosas o ilícitas.
El Instituto de Basilea –afiliado a la Universidad de Basilea– publica anualmente desde el 2012 el Índice Anti Lavado de Activos (ALA), elaborado a partir de 14 indicadores usando fuentes del Grupo de Acción Financiera Internacional, Transparencia Internacional, Banco Mundial y Foro Económico Mundial.
El índice está diseñado para indicar el nivel de riesgo o vulnerabilidades de lavado de activos y financiamiento terrorista dentro de un país. Paraguay, desde el 2012, se ha mantenido entre los países de alto riesgo, solo debajo de países como Irán, Afganistán, Kenia o Liberia. En Latinoamérica está entre los peor ubicados, ya que en el 2020 solo Haití, Nicaragua y Venezuela estaban mejor que Paraguay.
Uno de los pasos más importantes dados para mejorar la posición de Paraguay en el 2022 fue la aprobación de un paquete de leyes que ajustaron las normativas locales a los requerimientos que establecen las recomendaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el combate al lavado de activos.
Sin embargo, la aprobación de leyes no es suficiente. El país debe avanzar en el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación y de información para detectar y prevenir operaciones sospechosas y en la penalización de estos actos cuando se realicen.
Una evaluación positiva pondrá al Paraguay en mejor posición como país serio, seguro y predecible, con mayores posibilidades de lograr una inserción internacional que beneficie al desarrollo.
Los vínculos entre el presidente ganador de las elecciones y otros políticos sospechosos de estar involucrados en actividades de lavado o financiamiento del terrorismo no deben influir en el avance de nuestro país en la prevención y penalización. Ojalá ponga al país en primer lugar, dejando atrás intereses particulares y enfrente las presiones con valentía.