La megaincautación de las 1.823 armas (largas y cortas) dejó entrever la grosera forma en que las propias autoridades fueron cómplices del crimen organizado en el tráfico de armamentos. Este esquema estuvo operando desde el 2019 hasta la fecha. Las investigaciones iniciaron ya en el 2021, a partir de otras incautaciones en el Brasil.
Era justamente en ese país donde iban a parar todas las armas, destinadas para las facciones criminales como el Comando Vermelho y Primer Comando Capital (PCC). Se verificó que en realidad todo salía de Paraguay.
Fueron justamente seis personas las que recientemente fueron imputadas por los fiscales Fabiola Molas (Antidrogas), Diego Arzamendia y Francisco Cabrera (de Anticorrupción), por operar en el esquema.
Según la imputación, inicialmente, las armas de fuego se traía de la empresa HS Produkt, de Croacia. Era la empresa internacional International Auto Supply (IAS) la única que importaba.
Sin embargo, cuando iniciaron las incautaciones en el país brasileño, la firma croata dejó de hacer negociaciones.
IAS entonces empezó a buscar países como Turquía, Eslovenia, Checoslovaquia para nuevas importaciones.
Una vez llegadas al país estas armas, los números de series eran suprimidos, a través del borrado de seriales y posteriormente enviados al Brasil.
Pero como todo lo oculto siempre sale a la luz, cuando hicieron las incautaciones en el vecino país, con el examen balístico los técnicos pudieron recuperar algunos de los seriales y comenzó la investigación en nuestro país.
DESCUBREN. En Paraguay se descubrió que el esquema estaba vinculado a funcionarios públicos.
La empresa IAS contaba con vendedores para las negociaciones, ya sean personas físicas o jurídicas.
Incluso, la investigación desnudó que usaban a supuestos compradores, que en realidad no tenían la capacidad económica para adquirir los productos. Estas personas prestaban sus datos y documentos de identidad para concretar la compra de armas, supuestamente.
Así también se verificó que se vendía presuntamente los armamentos a locales de caza y pesca, que en realidad eran lugares de fachada.
Para que la red pueda poner en marcha este tráfico de armas, contó con propietarios de cazas y pescas, intermediarios para la venta de armas de fuego, funcionarios de Dirección de Material Bélico (Dimabel), y otros funcionarios públicos más, quienes recibían jugosas sumas de dinero para colaborar con la organización.
Por ejemplo, según datos de la imputación, una persona del esquema pedía a un funcionario de la Dimabel que cargue en su sistema las comercializaciones o ventas que habían realizado y una vez hecho eso, les enviaba “por giro o su secretario dinero presumiblemente por haber agilizado dicho trámite”.
Además, la empresa IAS lo que hacía para conseguir la autorización de las importaciones de armas de fuego ante la Dimabel, era pagar G. 100.000.000 por cada aprobación, “sin tener en cuenta presumiblemente el lote o cantidad de armas de fuego a ser importadas”.
RESPONSABILIDAD. Uno de los que se habría valido de su cargo como director de la Dimabel fue el general Jorge Antonio Orué Roa –hoy preso–, “a fin de facilitar los trámites necesarios en favor de la empresa IAS SA y de Diego Hernán Dirisio a cambio de dádivas”.
Conversaciones entre ambos revelan los “favores” que hacía al presunto jefe de la organización y los regalos que recibía “en agradecimiento”.
En cuanto al general Arturo Javier González Ocampo, este habría prestado servicios desde nuestro país a la organización mediante el uso de influencias en altas esferas castrenses a cambio de regalos y pagos de beneficios.
